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    La independencia judicial en riesgo, también en Europa

    Consolidar la paz entre los Estados europeos tras la cruenta Segunda Guerra Mundial fue el objetivo primordial de la creación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero en 1951, organización germen del proceso integrador europeo. 

    El gradual acercamiento de los mercados nacionales, que culminaría con la implantación del mercado único en 1993, supuso no sólo una oportunidad de crecimiento económico magnífico para los Estados y los ciudadanos, sino que, por inercia, creó una cada vez más fuerte interdependencia entre los diversos actores económicos del continente. Y dos individuos cuya cesta de la compra depende del bienestar económico del otro, ¿por qué van a declararse la guerra, por muy diferentes que sean sus costumbres, su idioma o su ideología?

    Es así que el mercado común trajo el periodo de paz más largo en la Historia de Europa. Sin embargo, a todo individuo, empresa o Gobierno que desee invertir más allá de sus fronteras, siempre se le plantea la misma duda: “¿qué seguridad jurídica me da el país donde invertiré mi dinero?”. Sin leyes claras, instituciones que actúen conforme a esas leyes y jueces independientes que garanticen su cumplimiento, difícilmente iba una empresa alemana a arriesgar su capital en Italia sin saber si al día siguiente el Gobierno podría arbitrariamente expropiarle su propiedad, y sin tener la certeza de que, en tal caso, podría acudir a un Tribunal independiente que le protegiera conforme a la ley.

    Por tanto, y en especial con la transformación de la UE en una unión no sólo económica sino también política, la independencia de los Tribunales nacionales pasó a ser un requisito para pertenecer a la Unión Europea, ya no sólo por las exigencias del mercado, sino como garantía del respeto a los derechos fundamentales de todo ciudadano europeo, recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Esta exigencia queda reflejada en el art. 49 del Tratado de la Unión (TUE) –según la nueva redacción del Tratado de Lisboa de 2007, que establece que podrá solicitar el ingreso como miembro de la Unión cualquier Estado europeo que respete, entre otros, el Estado de Derecho, consagrando así en los Tratados los criterios de Copenhague de 1993.

    La República de Polonia fue uno de esos Estados que solicitó el ingreso a la organización en el marco de la “ampliación al Este” de la Unión Europea en 2004. La Unión consideró que cumplía con todos los requisitos para pertenecer al club de países democrático-liberales, pues Polonia, desde la caída del muro de Berlín, se había convertido en un ejemplo de transición del comunismo a la democracia. Sin embargo, en 2015 el partido Ley y Justicia ganó las elecciones presidenciales y parlamentarias. Inspirado en algunos aspectos por la política de Donald Trump, la ideología de este partido se basa en la fortaleza del ejército, el proteccionismo económico, la estigmatización de los homosexuales, el rechazo a los refugiados musulmanes y el ensalzamiento del catolicismo. Y claro, para lograr estos objetivos, qué mejor que tener controlados a los tribunales en el país para evitar que la “casta privilegiada de jueces” haga cumplir un Derecho de la Unión Europea demasiado progresista.

    Ello en un marco de control político de los medios de comunicación públicos, no vaya a ser que se les ocurra criticar las políticas del Gobierno.

    Irónicamente, socavar la independencia judicial es la política que está siguiendo un partido que se hace llamar Ley y Justicia, aprobando leyes que, entre otros, permiten al Presidente de la República destituir a los jueces del Tribunal Constitucional y prolongar el mandato de los magistrados del Tribunal Supremo, así como al Ministro de Justicia designar y cesar a los Presidentes de los tribunales ordinarios.

    Las acciones del poder político para controlar al poder judicial no son desconocidas en América Latina. El absoluto control de los tribunales venezolanos por parte de Nicolás Maduro es el ejemplo estrella; sin embargo encontramos formas más sutiles de control judicial por parte del Ejecutivo en otros países, tales como la falta de autonomía presupuestaria de los tribunales en Bolivia, las directrices del Presidente nicaragüense a los magistrados sobre cómo votar, el soborno de políticos a jueces en Colombia (el Cartel de la Toga) o la arbitrariedad y falta de transparencia en los procesos disciplinarios contra magistrados en Argentina.

    Sin embargo, a diferencia de organizaciones regionales en el Hemisferio Occidental como la OEA o UNASUR, cuyo enfoque es claramente intergubernamental (pues se definen como “foros gubernamentales” o “instancias de diálogo político”), la Unión Europea es una organización supranacional, y como tal, tiene una mayor capacidad de influencia sobre las decisiones internas de sus Estados Miembros cuando estas no se alinean con las leyes y valores de la Unión, tales como la necesidad de respetar la independencia judicial. Uno de los mecanismos para sancionar a los Estados “rebeldes” como Polonia es el art. 7 del TUE, que establece que los Estados Miembros por unanimidad, a través del Consejo de la UE, podrán suspender determinados derechos del Estado en cuestión que se deriven de los Tratados, incluido el derecho a voto en el Consejo. Y la Unión, en su papel de garante de los valores del Estado de derecho en los países europeos y de la separación de poderes, ya ha iniciado el proceso para aplicar este artículo después de casi dos años de diálogos infructuosos con Polonia.

    La suspensión del derecho de voto en el Consejo supondría un gran golpe para Polonia, pues en la Unión Europea se toman importantes decisiones que inciden directamente en la política, el derecho y la economía interna de los Estados miembros. Las consecuencias de esta posible sanción son demasiado grandes como para que Polonia no ceda ante las presiones de la Unión. Entonces, ¿por qué el Gobierno polaco se muestra desafiante con Bruselas y sigue defendiendo las reformas judiciales que han llevado a cabo? Porque saben que esta sanción, como hemos dicho, se ha de aprobar por unanimidad, y esto es prácticamente impensable cuando el Gobierno de Hungría, controlado por un partido nacionalista al estilo de Ley y Justicia, ha declarado públicamente que vetará dichas sanciones.

    Afortunadamente, hay otros métodos para hacer cumplir el Derecho de la UE: a través del Tribunal de Justicia de la UE, que si en su sentencia sobre el caso, ya solicitada por la Comisión Europea, resuelve que efectivamente el Poder Judicial en Polonia ya no es independiente, la UE paralizará la provisión de fondos en el país, lo cual a su vez disuadirá a los inversores extranjeros. En un país tan dependiente tanto de la financiación europea como de los capitalistas extranjeros, el partido que todo lo quiere controlar se lo pensará dos veces antes de seguir desobedeciendo las instrucciones de la UE. Y es que, una vez inmerso en la integración europea, ningún Estado se pude plantear deteriorar la seguridad jurídica sin que esto, a su vez, afecte a la economía de su país. Tocar el bolsillo de los dirigentes nacionalistas parece ser la única forma de que Ley y Justicia deje atrás sus pretensiones de dominación y restaure la independencia de los garantes últimos de todo Estado de Derecho: los jueces.

    Juan José Ruiz Ramos Practicante del Programa Estado de Derecho Fundación Konrad Adenauer

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