Search - SP Page Builder
Search - EDocman
Buscar - Categorías
Buscar - Contactos
Buscar - Contenido
Buscar - Canales electrónicos
Buscar - Etiquetas

    Blog

    Defender el medio ambiente, sin tener que defender la vida

    Francia Márquez, una reconocida líder afrocolombiana, ha sido una de las ganadoras del llamado “premio nobel del medio ambiente” de 2018. 

    La Fundación Goldman da este reconocimiento anualmente a personas destacadas por sus logros significativos para proteger el medio ambiente, y Márquez ha sido una figura destacada en la región gracias a las acciones que ha emprendido para la movilización en defensa del territorio ancestral en contra de la minería ilegal y el uso de mercurio. Este reconocimiento coincide con el fallo de la Corte Suprema de Justicia Colombiana que, a inicios de abril de este mismo año, reconoció la Amazonía de este país como una “entidad sujeto de derechos”, instando a la creación inmediata de planes específicos para combatir la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta figura tenía un precedente jurisprudencial en el caso del Río Atrato, y resulta ser un mecanismo importante para revisar el deber del Estado en la protección, conservación y restauración de estos ecosistemas altamente vulnerables.

    Estos eventos son especialmente relevantes a la luz de las orientaciones para la región que prevé la Opinión Consultiva del 15 de noviembre de 2017, en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró el debate sobre la interdependencia e indivisibilidad de derechos. Si bien el derecho al medio ambiente sano se encuentra explícito en el artículo 11 del protocolo de San Salvador, la Corte ha ligado su cumplimiento al respeto y garantía de otros derechos (a la vida, a la integridad) que podrían verse vulnerados por los daños ocasionados al medio ambiente. Así, regular, supervisar y fiscalizar actividades que puedan afectar los ecosistemas son facultades explícitas de los Estados, buscando formas de cooperación en virtud de su deber de prevención de daños.

    Estas miradas constituyen un marco jurisprudencial que reitera una vez más que una clasificación de los derechos humanos en generaciones (primera, segunda, tercera…) no solo resulta errada, sino que también ha implicado una suerte de “priorización” de agendas, cuyo resultado ha implicado la postergación de discusiones importantes, entre ellas la conservación del medio ambiente. Lo complejo de esta situación es que en el caso de muchos de los que han buscado generar discusiones sobre derechos humanos y medio ambiente desde una perspectiva más horizontal en la región, han sido blanco de hostigamientos, amenazas e incluso, han perdido la vida en el desarrollo de su trabajo.

    Berta Cáceres, quien también ganó el premio Goldman en 2015, fue asesinada en 2016. Ella se ha convertido en símbolo, no sólo en Honduras, sino en Latinoamérica de esta realidad. Precisamente, porque sus discusiones se enmarcaban en la realidad de quienes más vulnerables se encuentran en el presente: líderes indígenas y/o afrodescendientes, campesinos, defensores de la tierra y del medio ambiente.

    El informe anual de Global Witness mostró que en 2017, 197 personas con estas cualidades fueron asesinadas. Front Line Defenders reportó 312 casos; el 68% de estos tuvieron lugar en América. Brasil y Colombia reunían 156 casos, y junto a México, se sumaba un total cercano al 80% de los casos reportados. A pesar de estas diferencias en los registros, hay una situación que es preocupante, y es que la no articulación de la defensa de los derechos humanos y la defensa del medio ambiente, ha generado escenarios de exposición para líderes locales cuyo trabajo en la visibilización de esta agenda los ha puesto en riesgo.

    Quienes son abanderados de esta discusión, también han defendido formas de desarrollo alternativo, buscando no solo soluciones amigables con el ambiente, sino también revelando marcos históricos de exclusión que han sido funcionales a los sistemas de explotación extensiva de recursos naturales. Por ello, sus muertes también pueden ser vistas como síntomas de la vigencia de viejas formas de segregación, asociadas a predisposiciones sociales que aún subsisten en el continente, como el racismo histórico, la discriminación e incluso la misoginia. En Colombia por ejemplo, el Programa Somos Defensores ha reiterado que los homicidios presentados contra mujeres denotan siempre mayores niveles de violencia, incluso sexual. Sisma Mujer, ha planteado que “para 2017 la frecuencia se incrementa considerablemente, pues una defensora o lideresa fue asesinada cada 16 días según Marcha Patriótica, cada 23 días partiendo de Somos Defensores, y cada 26 días de acuerdo con la OACNUDH”. En Brasil, el asesinato de Marielle Franco, activista negra, de los suburbios, lesbiana, ha sido emblemático sobre esta discusión, porque ha materializado el riesgo percibido por sus perpetradores frente a la suma de diversidades que su vida representaba.

    Desde esta perspectiva, es necesario entender el fenómeno de los asesinatos selectivos a líderes sociales como una situación cuya dimensión puede ser regional, y como tal, debería instar acciones transfronterizas para su abordaje. De hecho, la impunidad frente a estos delitos también es una realidad de alcance regional, que confluye con la profundización de la desigualdad y la ampliación de los monocultivos y otras formas de producción extractivista en los territorios que, como causa o consecuencia de intereses en disputa, siguen siendo obstáculo para el desarrollo de políticas criminales efectivas. Al respecto, el índice del World Justice Project sobre estados de derecho, hace un análisis de 113 países y propone un ranking basado en el control a los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, derechos fundamentales, orden y seguridad, aplicación de regulaciones, justicia civil y justicia penal. Los países latinoamericanos, a excepción de algunos pocos, aparecen en posiciones desfavorables. Para mencionar algunos, Colombia ocupa el puesto 72, México está en la posición 92 y Honduras es el 103.

    En ese orden de ideas ¿Cómo podrían los Estados latinoamericanos impulsar marcos de protección conjunta para estos líderes? La defensa del medio ambiente debe ser un ejercicio de libertad, y consenso; no puede costarnos la vida, y en esa labor, varias pautas pueden ser pensadas de cara a la visibilidad política y jurídica que continua adquiriendo la protección del medio ambiente. Si bien la Opinión consultiva de la Corte IDH no involucra específicamente la protección de los defensores a los mandatos jurisdiccionales de los Estados, si exhorta a fortalecer las instancias de acceso a la justicia en relación con las obligaciones estatales para la defensa del medio ambiente vis a vis la defensa del derecho a la vida y la integridad. Esa pauta, en relación con el deber de prevención de daños ambientales, puede tener efectos en el fortalecimiento del Estado de derecho.

    Del mismo modo, que los Estados se apropien de la agenda de protección del medio ambiente es una forma de acompañar los procesos de defensa que ya tienen fuerza en los órdenes locales y esto podría reducir. Esto implica reconocer el calentamiento global como un elemento que obliga dinamizar la construcción de políticas públicas más integrales, partiendo de un enfoque de derechos humanos interdependientes e indivisibles. También implica la apertura de procesos participativos en los que las comunidades y sus líderes visibles puedan proyectar su vocería y tener incidencia en la reestructuración de marcos de distribución, propiedad y uso de la tierra y los recursos naturales. Una consecuencia que se podría esperar es la conciliación de estrategias ambientalmente solidarias y marcos productivos sostenibles y rentables. Otra es una mayor estigmatización de los participantes. No obstante, la Opinión Consultiva de la Corte habilita opciones para el diseño de mecanismos de protección para los territorios a través de planes de contingencia, estudios de impacto ambiental, entre otros; si se amplía ese enfoque hacia la protección de las comunidades y los líderes, podría desembocarse en la materialización de formas de protección colectivas, que reivindiquen modelos de justicia local, más allá de los tradicionales esquemas de seguridad.

    Estas medidas no pueden ir aisladas de la implementación de una política criminal consistente regionalmente y en virtud a marcos de priorización de delitos que se entrelacen entre sí. Pensar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado aisladamente de las dinámicas de la minería ilegal, la tala, o la deforestación no sería estratégico; de la misma manera, desconocer las dinámicas de los asesinatos selectivos en la región en ausencia de su relación con estos fenómenos puede poner en riesgo la seriedad que se invierta no solo en la lucha por la protección del medio ambiente, sino en todas las luchas a favor de la vida.

    Por: Lorena Ávila Jaimes, Bogotá, Colombia.

    Image

    Calle 90 No. 19C - 74, piso 2.
    Bogotá, Colombia.
    Tel: +57 1 7430947
    Correo: iusla@kas.de

     

    Image
    Image
    Image
    Image

    Buscador