Madre en venta

Por: André Rodolfo Lange Schulze, Bolivia.

La Naturaleza es un ser vivo. Así de categórica es la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, (en adelante la Declaración) adoptada por delegaciones oficiales, grupos y movimientos sociales de 142 países el año 2010; reunidos en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, promovida por el gobierno de Evo Morales.

La Madre Tierra es un ser vivo y por tanto sus derechos inherentes merecen tutela y reconocimiento jurídico. Este paradigma concibe a la naturaleza como una comunidad de seres interrelacionados, en dónde “seres” refiere a los ecosistemas, comunidades naturales, especies y todas las otras entidades naturales. De modo que no es posible reconocer derechos a los seres humanos solamente, sin provocar un desequilibrio en la madre tierra al tratarse de una comunidad de vida interdependiente. Esta noción interpela en general a la extendida concepción de que las personas son los únicos sujetos de derechos; y particularmente supone también un desafió para la filosofía de los derechos humanos que fundamenta su razón de ser en la dignidad y libertad exclusivamente de la persona humana.

Entre la comunidad internacional no existe conceso sobre la condición de la naturaleza como sujeto de derechos. El éxito o fracaso de esta propuesta depende, más allá de la superación de desafíos teóricos; de la implementación efectiva de este paradigma en los Estados que han adoptado esta postura. En ese sentido resulta desalentador observar el caso de Bolivia, uno de los principales impulsores de los derechos de la Madre Tierra en los últimos tiempos.

Recientemente, el 15 de mayo de 2019, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza sentenció que Bolivia es responsable por la violación de los derechos de la Madre Tierra y de sus defensores, los pueblos indígenas, respecto al caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure - TIPNIS. Dicho Tribunal, constituido para promover el respeto universal y la garantía de los derechos establecidos en la Declaración, no cuenta con plena jurisdicción para dotar a sus fallos con fuerza jurídica vinculante; sin embargo su dictamen en este caso cuenta con el peso y el respaldo de la autoridad moral de 26 jueces de varias nacionalidades y expertos en la materia.

En el año 2011 ante las intenciones del actual gobierno de consolidar el proyecto carretero por el medio del TIPNIS, los pueblos indígenas protagonizaron una histórica lucha de resistencia que desencadeno en la promulgación de la Ley 180. Esta Norma declaraba al TIPNIS como patrimonio sociocultural y natural, zona de preservación ecológica, reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas; de carácter indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible, como área protegida de interés nacional y como zona intangible. Adicionalmente, expresa y categóricamente rechazaba la construcción de la carretera propuesta por el gobierno así como cualquier otro proyecto caminero.

Este triunfo indígena pronto se vio desconocido por el Estado boliviano cuando en agosto de 2017 la Asamblea legislativa, abrogó la referida ley reemplazándola con una nueva norma, la Ley 969. Misma que además de eliminar el carácter de intangibilidad del TIPNIS, tendría por objeto el desarrollo integral y sustentable, entendiéndose por esto como la implementación y ejecución de proyectos y programas estatales en el territorio para garantizar servicios básicos de la población. Asimismo para satisfacer el “derecho a la libre circulación” de los pueblos indígenas se establecen los parámetros para la construcción de caminos y carreteras al interior del territorio. Este nuevo marco normativo le permitió al gobierno retomar y continuar con las obras de construcción de la polémica carretera. De modo que en noviembre de 2017 los pueblos indígenas del TIPNIS presentaron su denuncia ante el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza.

El reciente fallo desnuda una triste realidad. Primero confirma que el Estado no realizó una evaluación del impacto ambiental integral del proyecto para continuar con las construcciones. Tampoco llevo a cabo una consulta previa libre e informada que refleje los verdaderos intereses de los pueblos indígenas. De igual forma se evidencia la relación entre intención gubernamental de construir la carretera con los intereses del estado y entidades privadas para explotar los recursos naturales, madera, mineral y petróleo.

Segundo, la expansión de los monocultivos de la hoja de coca, actividad que responde, según el Tribunal, al abastecimiento de un circuito de comercialización global vinculado al narcotráfico al interior del TIPNIS ha generado serie de daños ambientales: erosión, deforestación continua contaminación química del agua, entre otros. Adicionalmente el Tribunal señala que la consolidación de la carretera por el TIPNIS supondría una profundización de la producción de coca lo cual podría suponer la pérdida de 610.848 hectáreas de selva en 18 años, generando un impacto ambiental inclusive en áreas colindantes como en la ciudad de Cochabamba que ya padece de sequias.

El fallo dibuja un escenario dramático. El mismo gobierno que otrora tan promotor de los derechos de la Madre Tierra y los pueblos indígenas, hoy los vulnera arbitrariamente. El desafío que supuso y supone entender a la naturaleza como sujeto de derechos, como un fin en sí mismo, ha sido hace tiempo abandonado en la práctica por el gobierno de Bolivia, a pesar de que todavía se pregona en los discursos gubernamentales el respeto por la madre tierra.

La falta de una respuesta categórica de las autoridades estatales asumiendo la gravedad y seriedad del fallo del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, oscurece más la situación. Y los intentos de restar importancia a las violaciones son más que vergonzosas, indignantes. Si alguna vez el estado reconoció a la naturaleza como a una madre, hoy es claro que hace tiempo la puso en venta.