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    Solución El Salvador

    Curso virtual de DDHH
    Derechos fundamentales clásicos
    (Libertad de Expresión y Derecho a la Intimidad)

    Las disposiciones del Derecho interno aplicables en el presente caso están contenidas en la Constitución de la República y en la Ley
    de Reparación por Daño Moral.

    El artículo 2 de la Constitución expresa lo siguiente:

    “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Se establece la indemnización, conforme a la ley, por daños de carácter moral”

    El artículo 6 de la Constitución expresa que:

    “Toda persona puede expresar y difundir libremente sus ideas y pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución; pero los que haciendo uso de él, infrinjan las leyes, responderán por el delito que cometan.”

    La Ley de Reparación por Daño Moral del año 2015, establece que:

    “Art. 2. Se entenderá por daño moral cualquier agravio derivado de una acción u omisión ilícita que afecte o vulnere un derecho extrapatrimonial de la persona.

    No producen daño moral los juicios desfavorables de la crítica política, literaria, artística, histórica, científica, religiosa o profesional, ni los conceptos desfavorables expresados en el ejercicio del derecho de la libertad de expresión, siempre que en el modo de proceder no exista un propósito calumnioso, injurioso, difamatorio o de ataque a la intimidad o a la propia imagen de una persona.

    De igual manera, no producen daño moral los juicios desfavorables de la crítica periodística, ni los conceptos desfavorables expresados o difundidos por quienes ejerzan el periodismo mediante noticias, reportajes, investigaciones periodísticas, artículos, opiniones, editoriales, caricaturas y notas periodísticas en general, publicados en medios periodísticos escritos, radiales, televisivos e informáticos, en cumplimiento del deber de informar, en virtud del derecho de información o en el ejercicio de su cargo o función.

    Art. 3. Se tendrán como causas para la reparación del daño moral:

    a) Cualquier acción u omisión ilícita, intencional o culposa, en los ámbitos civil, mercantil, administrativo, penal o de otra índole que afecte los derechos humanos o los derechos de la personalidad de la víctima;

    b) Cualquier exceso de los límites de la buena fe en el ejercicio de un derecho legítimo que causa un daño a otro;

    c) Las imputaciones injuriosas, calumniosas o difamatorias contra el honor o la vida privada de una persona, a menos que se
    pruebe la verdad de la imputación; y,

    d) La afectación sustancial del proyecto de vida.

    Art. 5. Son titulares del derecho a la reparación por daño moral, las personas naturales que sufren el perjuicio y no tengan la obligación jurídica de soportarlo.

    Art. 11. Quien exige la reparación por daño moral tiene la carga de la prueba.

    Art. 12. El daño moral debe probarse usando todos los medios de prueba de carácter lícito que sean idóneos y pertinentes.

    Art. 14. Cuando el daño moral haya sido cometido a través de un medio de comunicación social, los autores estarán obligados a realizar las siguientes medidas de reparación:

    1) A sufragar todos los gastos para que la víctima ejerza su derecho de rectificación y respuesta, en las mismas condiciones
    de la publicación que dio origen al daño moral; y,

    2) A solicitar a la víctima disculpas públicas, en las mismas condiciones de la publicación original.

    Art. 19. Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables para cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos u otros tribunales internacionales que contengan reparaciones sobre daño moral, en lo pertinente y de manera complementaria al tratado internacional de que se trate.”

    También son aplicables en este Caso las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 17 y 19), y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 11 y 13), en lo relativo al reconocimiento de la libertad de expresión y del derecho al honor, la vida privada y la reputación, ya que dichos tratados han sido ratificados por El Salvador y forman parte del ordenamiento jurídico vigente, con valor supralegal, pero infraconstitucional. (art. 144 Cn.)

    La Convención Americana, al reconocer la libertad de expresión, establece que este derecho comprende la libertad de buscar información, es decir, el derecho de acceso a la información; y el derecho de recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, sujeto a los límites trazados por el respeto a los derechos o a reputación de los demás, y por la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud y moral públicas.

    Asimismo, reconoce el derecho al honor, a la dignidad, a la vida privada y a la honra y la reputación de las personas. La Constitución, de igual forma, reconoce ambos derechos, pero al referirse a la libertad de expresión (art. 6), no comprende expresamente el derecho de acceso a la información, aunque si se reconoce en la Ley de Acceso a la Información Pública. Por lo que, ante este vacío constitucional, es necesario acudir a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para fundamentar la decisión en el presente Caso.

    También es necesario tomar en cuenta lo que la jurisprudencia constitucional ha establecido sobre el contenido esencial, los alcances y límites de la libertad de expresión y del derecho al honor, así como la forma en que la Sala de lo Constitucional ha resuelto la colisión que se presenta entre dichos derechos, en diferentes circunstancias y supuestos, lo cual ha sido desarrollado, particularmente, en el proceso de inconstitucionalidad 91-2007, de 24 de septiembre de 2010, y en el proceso de Amparo 375-2011, de 23 de enero de 2015.

    Por lo tanto, la aplicación de las disposiciones constitucionales y legales para resolver el presente Caso, deberán ser interpretadas a la luz de la jurisprudencia constitucional sobre la materia.

    A este respecto, la Sala de lo Constitucional ha establecido, en primer lugar, que los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico no son absolutos, y que por lo tanto, no existe jerarquía de derechos, sino que todos forman parte de manera indivisible e interdependiente del núcleo de protección del que goza toda persona sometida a la jurisdicción territorial de El Salvador.

    En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en su jurisprudencia que: “el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que el artículo 13.2 de la Convención prevé la aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Las causales de responsabilidad ulterior deben estar expresa, taxativa y previamente fijadas por la ley, ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral públicas, y no deben de modo alguno limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura.” (Caso Kimel contra Argentina, párrafo 79)

    Por lo tanto, para resolver el Caso desde la justicia constitucional hay que tomar en cuenta los precedentes del tribunal y del sistema interamericano en los que se han resuelto situaciones de colisión o conflicto de derechos entre la libertad de expresión y el derecho al honor, la vida privada y la reputación, debiendo considerar las particularidades de cada caso concreto sometido a examen constitucional. De igual manera hay que tomar en cuenta las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos del sistema interamericano aplicables a cada caso, y la forma en que la Corte Interamericana los ha interpretado para resolver los conflictos o colisión de derechos.

    Entre las consideraciones que deben ser tomadas en cuenta para resolver el caso planteado se debe analizar, en primer lugar, la calidad y las condiciones de los sujetos que intervienen en el mismo.

    Por una parte, se trata de la esposa del Presidente de la República, que si bien es una persona particular, pero por su cercano nexo familiar con un alto funcionario del Estado, tiene una “vida pública relevante,” a la cual se ha sometido voluntariamente, y que en determinadas circunstancias su conocimiento puede ser de interés legítimo de la colectividad. Para la Corte Interamericana estas personas, por su vida pública relevante, “se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público màs exigente, y consecuentemente, se ven expuestas a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate pùblico.” (Caso Herrera Ulloa contracosta Rica, párrafo 129)

    Al respecto, en los Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se sostiene que: “La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.” (Principio 10)

    Por otra parte, se trata de un periodista, que tiene derecho de buscar, investigar, recibir y difundir información de interés público, aun cuando mediante su labor periodística requiera invadir cierta esfera de la vida privada de personas particulares con vida pública relevante, para obtener información de interés colectivo, ya que se trata de personas que se exponen voluntariamente al escrutinio público, y en estos casos el derecho al honor y la vida privada de ciertas personas -como la esposa de un Presidente de la República- , puede ceder ante el interés público de conocer la vida familiar del Presidente, lo cual bajo ninguna circunstancia implica que se puede legítimamente sacrificar o desnaturalizar el derecho al honor y la vida privada de las personas, para dar paso a la libertad de expresión y al derecho de informar al público sobre cuestiones que pudieran ser de interés, también legítimo, de la colectividad.

    También hay que considerar si el tipo de información investigada que se pretende publicar, y que forma parte de la vida privada de una persona con tales características, puede ser de objeto de publicidad; o si por el contrario, forma parte -en estricto sentido- de esa esfera de la intimidad y vida privada individual y familiar que goza de protección en toda circunstancia. Por ello se hace necesario analizar cada caso concreto, según sus particularidades, a fin de determinar qué se puede investigar y publicar, y qué tipo de información no es susceptible de publicidad.

    Asimismo, habría que valorar si el ánimo de buscar e investigar información sobre la vida privada de la esposa de un Presidente, es el de difamar o dañar la reputación y buen nombre del que goza frente a la comunidad; o si la actuación periodística es motivada de buena fe, por el interés de informar al público sobre la vida familiar del Presidente de la República, que pueda incidir en la función pública que desempeña. En este caso, el posible dolo o la intención de dañar el honor debe probarse por quien alega el daño moral, y el modo de proceder del periodista no debe demostrar un propósito calumnioso, injurioso o de ataque a la intimidad o a la propia imagen.

    Según la jurisprudencia constitucional, “la libertad de expresión, de opinión, crítica pública y el derecho de emitir juicios de valor favorables o desfavorables, no son justiciables ni punibles, a menos que se actúe con dolo, real malicia o intención manifiesta de ocasionar daños a derechos protegidos constitucionalmente, como el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de las personas. En tal caso no estaríamos sino frente al ejercicio ilegal y arbitrario de libertades democráticas fundamentales, en cuyo supuesto operaría para todas las personas, sin excepciones, la aplicación del Derecho punitivo sancionador del Estado (ius puniendi).”

    En su jurisprudencia la Sala de lo Constitucional ha sostenido que para resolver un conflicto o colisión de derechos, como el que se presenta en este Caso, se debe hacer una ponderación que permita resolver el conflicto a través de la aplicación del Principio de Proporcionalidad.

    A este respecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que: “El tratamiento y la solución del conflicto o colisión entre, por un lado, los derechos al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, y por otro, las libertades de expresión e información, requerirá de un examen ponderado de los derechos, intereses y valores que están en juego, que permita, mediante las interpretaciones respectivas, fundamentar la necesidad de lograr un equilibrio entre el “ejercicio” de un derecho respecto del de otro u otros, viéndose todos los derechos afectados únicamente en su “ejercicio”, más no en su contenido esencial.”

    También ha sostenido que: “En el contexto democrático, no es posible resolver un conflicto de derechos desconociendo o anulando un derecho fundamental en particular, para dar paso a otro de igual jerarquía constitucional, ya que ello supondría la jerarquización de los derechos constitucionales, lo cual no tiene fundamento en nuestra Ley Suprema. Por el contrario, la jerarquía entre los derechos fundamentales no es compatible con el Estado Constitucional y Democrático de Derecho, dada la naturaleza y el carácter indivisible e interdependiente de los derechos fundamentales.” (Inc. 91-2007)

    La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, ha afirmado en su jurisprudencia que, “tanto la libertad de expresión como el derecho a la honra, acogidos por la Convención, revisten suma importancia. Es necesario garantizar el ejercicio de ambos. En este sentido la prevalencia de alguno en determinado caso dependerá de la ponderación que se haga a través de un juicio de proporcionalidad. La solución del conflicto que se presenta entre ciertos derechos requiere el examen de cada caso, conforme a sus características y circunstancias, para apreciar la existencia e intensidad de los elementos en que se sustenta dicho juicio.” (Caso Kimel contra Argentina, párrafo 51)

    La Corte sostuvo que realizar el examen de ponderación, requiere analizar por lo menos: a) el grado de afectación de uno de los bienes en juego, determinando si la intensidad de dicha afectación fue grave, intermedia o moderada; b) la importancia de la satisfacción del bien contrario; y c) si la satisfacción de éste justifica la restricción del otro. En algunos casos la balanza se inclinará hacia la libertad de expresión y en otros a la salvaguarda el derecho a la honra.” (Caso Kimel contra Argentina, párrafo 84)

    En consonancia con lo anterior, la Sala de lo Constitucional ha sostenido en su jurisprudencia (Inc. 91-2007) que, “bajo ninguna circunstancia se podría sacrificar, desconocer o anular el contenido esencial de un derecho para hacer prevalecer otro derecho fundamental. En todo caso, los derechos en conflicto deben ceder limitadamente en su “ejercicio” en la medida estrictamente necesaria, mediante la ponderación de la autoridad judicial competente, que será la que en definitiva valore en cada caso concreto, entre otros factores; si la información que está en juego es o no de interés público o colectivo, si se trata o no de un funcionario o autoridad pública; si es o no una persona particular con vida pública o con vida privada sin ninguna relevancia pública, etc.”

    Ha afirmado que la libertad de información pretende asegurar, “la publicación o divulgación, con respeto objetivo a la verdad, de hechos con relevancia pública, que permitan a las personas conocer la situación en la que se desarrolla su existencia, de manera que, en cuanto miembros de la colectividad, puedan tomar decisiones libres, debidamente informados.”

    Pero el ejercicio de la libertad de información no puede realizarse legítimamente con menosprecio a la verdad o con conocimiento de la falsedad de los hechos que se publican, debiendo en todo caso, constatar la veracidad de las fuentes de información, que gozan de protección legal en una sociedad democrática.

    A este respecto, en los Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se sostienen que en estos casos, “...debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.” (Principio 10)


    Por lo tanto, el conflicto o colisión de derechos que se presenta en el Caso 1 se resolvería -en El Salvador- interpretando las disposiciones vigentes a la luz de la jurisprudencia constitucional, la cual es vinculante jurídicamente para todos (art. 183 Cn.; pero también, a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la jurisprudencia del sistema interamericano.

    De tal forma, la Sala Constitucional, siguiendo sus mismos precedentes jurisprudenciales, fallaría en el sentido de que en este caso concreto se debe declarar no ha lugar la pretensión, resolviendo el conflicto que se presenta a través de un juicio de proporcionalidad, con base en el artículo 246 inciso primero de la Constitución, que implica valorar el fin legítimo que se persigue, que es el de informar al público; la idoneidad del medio utilizado; y la necesidad de hacerlo para mantener informada a la colectividad sobre hechos de su interés.

    La ponderación que se hace permite determinar que el derecho de informar al público prevalece en este caso sobre el derecho a la vida privada de la esposa del Presidente, derecho que debe ceder ante la libertad de expresión, sin que ello implique una afectación a su contenido esencial como derecho fundamental.

    Lo anterior es tomando en cuenta la calidad de los sujetos que intervienen en el mismo, y que el derecho a la intimidad, el buen nombre y la propia imagen de la esposa del Presidente de la República, por tener una “vida pública relevante”, cede en este caso frente al interés legítimo de informar al público sobre aspectos de su vida cotidiana que pudieran incidir en la función pública. Además, los hechos relatados no denotan un ánimo difamatorio o injurioso de parte del periodista hacia la demandante, ya que la información publicada sobre su vida no es susceptible de afectar su honor ni afectar de manera indebida su vida privada, dada su calidad de ser una figura pública.

    Según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, en este tipo de casos los jueces “deben tomar en cuenta la función social de los periodistas, la de contribuir a la formación de la opinión pública libre; lo que se convierte en una carga argumentativa a su favor en la ponderación. En cambio, los particulares, quienes no se dedican al periodismo, en principio no podrían invocar la relevancia pública de la información.”

    Recuérdese que la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sostenido que, “la libertad de expresión, como piedra angular de una sociedad democrática, es una condición esencial para que esta esté suficientemente informada.” (Caso Kimel, párrafo 68)

    En consecuencia, los hechos objeto de la demanda no constituyen violación alguna de los derechos constitucionales a la intimidad, el buen nombre y la propia imagen, ni violan disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que el Tribunal deberá DECLARAR NO HA LUGAR la acción constitucional de amparo.

    En el presente caso se hace un control de constitucionalidad y de convencionalidad, tomando como parámetro la Constitución, la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana respectivamente, determinándose que los hechos examinados están en consonancia y son conformes con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

    La jurisprudencia constitucional desarrollada por la Sala sobre esta materia está en consonancia con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente la que se adoptó en los siguientes Casos: Olmedo Bustos y otros contra Chile; Palamara Iribarne contra Chile; Tristán Donoso contra Panamá; Herrera Ulloa contra Costa Rica; Kimel Contra Argentina; y Usón Ramítez contra Venezuela. Dicha jurisprudencia ha sido asumida como propia en la sentencia emitida en el proceso de inconstitucionalidad Inc. 91-2007, que es el precedente utilizado para resolver el presente caso.


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