El racismo en México y el espejo de todos

El racismo en México y el espejo de todos
Mario Cruz Martínez
Mario Cruz Martínez

Mario Cruz Martínez

Profesor e Investigador de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, Santa Fe, México. 

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Por: Mario Cruz Martínez 

El racismo como discurso y práctica ha vuelto a golpear la consciencia pública en los últimos meses en las Américas abriendo amplios surcos de discusión (Ver González, Yanilda y Rojas, Roberto). ¿La discriminación racial no era una institución del pasado? Dos acontecimientos han sido emblemáticos en la visibilización de la discriminación racial en el continente americano. En primer lugar, el pasado 4 de mayo en Jalisco, México, la muerte del joven, Albañil Giovanni López a manos de policías cuando estaba en custodia despertó una ola de movilizaciones en aquel Estado de la República Mexicana. En segundo lugar, el artero asesinato de George Floyd en la Ciudad de Mineapolis el 25 de mayo ha mostrado la crudeza de la violencia policiaca hacia la comunidad afroamericana. Aparentemente su detención y posterior muerte fue producto de actos de racismo. En ambos casos se repitieron las mismas narrativas, excesos policiacos, indignación ciudadana y denuncia de discriminación racial.

El racismo en acción es sinónimo de discriminación y establece discursos y prácticas que denigran la dignidad de las personas, el racismo guarece corrupción y complacencia de muchos, entre ellos el Estado, pero, sobre todo, el racismo inhibe el ejercicio efectivo de derechos.  A pesar de que en México el silencio ha sido compañero del racismo, como en muchos países de América Latina, su presencia ha sido cada vez más consistente en los últimos años en los recuentos de violaciones a derechos humanos. Numerosos organismos han señalado la existencia de conductas cotidianas que traen aparejados actos de racismo sistémico y han establecido su impacto en las gramáticas de los derechos. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México (CONAPRED) ha señalado que una de las principales exclusiones sociales que se originan en México es la discriminación por origen étnico, así como la exclusión por características físicas de las personas que, a su vez, perpetúa procesos de discriminación racial. En ese sentido,  se ha señalado por parte de organismos nacionales e internacionales:  "En México, ser de piel más oscura implica tener en promedio dos años menos de escolaridad, menor ingreso, menor acceso a puestos directivos y menores probabilidades de mejorar la posición socioeconómica".

El racismo es un espejo donde se reflejan prácticas sociales repletas de exclusión y de narrativas llenas de estereotipos, donde se pueden advertir discursos de odio, y en donde se pueden identificar procesos sociales que van aparejados a procesos de desigualdad estructural, como la pobreza. Como defensor de derechos humanos siempre me he preguntado cómo enfrentar el racismo ancestral y lograr procesos de convivencia social mucho más igualitarios. La respuesta a dicha cuestión es compleja, pero un filón que debe considerarse, sin duda, es el de los derechos humanos y sus poderosas herramientas transformadoras. Por ello, resulta esperanzadora la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México sobre el Amparo 805/2018 de 2019 relativa a la falta de implementación efectiva por México de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, especialmente en lo referido a una adecuada sanción penal a la discriminación racial y los discursos de odio. 

La Suprema Corte Mexicana y el racismo

La referida sentencia de 2019 plantea un tema esencial para la protección de las personas ante los discursos de odio que reproducen actos de discriminación. El amparo en revisión desarrolla un caso judicial que es interesante por los alcances de los razonamientos llevados a cabo por la Suprema Corte, en lo relativo a la implementación efectiva de los principios de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y en donde se plantea la falta de sanción penal al discurso de odio, que según la sentencia: "Implica la validación de la desigualdad y a la agresión, generando un ambiente de zozobra y miedo que descompone el tejido social e imposibilita la democracia a la cual todos tenemos derecho como forma de vida".

La historia del caso señala la participación de un grupo de personas de la organización ZAFIRO, Pro Derechos Humanos, quienes interpusieron un amparo ante la Suprema Corte considerando que había habido una omisión normativa en la legislación penal mexicana en relación a lo establecido por el artículo 4, incisos a) y b) de la Convención citada para sancionar adecuadamente el discurso de odio, que establecen:

Los Estados:

a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación;

b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades organizadas de propaganda y toda actividad de propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, y reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales actividades constituye un delito penado por la ley

El argumento esencial de los quejosos utiliza la falta de respeto efectivo del tratado y la consecuente responsabilidad de México. A pesar de que el Estado mexicano ha establecido un marco regulatorio, y especialmente un delito denominado "delitos contra la dignidad humana", artículo 149 Ter, señalan los quejosos, ha resultado insuficiente porque no existe un tipo penal específico que sancione el discurso de odio, y por ello, se advierte un problema de omisión legislativa y una evidente inconstitucionalidad de la ley penal mexicana.

Las autoridades mexicanas, en su defensa, señalan diversos razonamientos para demostrar el cumplimiento de las obligaciones aparejadas con la firma del instrumento internacional. Esencialmente, se refieren a la inclusión de la cláusula de no discriminación en la reforma de la Constitución de México en 2001, la promulgación de leyes especiales sobre no discriminación, la creación de un organismo de protección de los derechos humanos y de lucha contra la discriminación, CONAPRED, y la tipificación penal ya señalada.

La decisión de la Suprema Corte es importante porque, pese a los argumentos del Gobierno, valida buena parte de los argumentos de los quejosos y advierte la falta de cumplimiento efectivo en el diseño de un sistema integral de sanciones contra la discriminación racial, y especialmente en lo relativo de establecer límites a los discursos supremacistas y repletos de estereotipos racistas. El debate sigue abierto en México y una regulación penal efectiva del discurso de odio en suspenso.

Reflexión final

La sentencia de la Suprema Corte de México resulta un eslabón institucional necesario para seguir visibilizando los discursos de odio y los actos de racismo, y, sobre todo, porque empujó a la palestra pública un tema central en la lucha contra el racismo, la necesidad de un sistema efectivo de sanciones. En el litigio se advierte la importancia de la participación de la sociedad civil organizada y de la utilización de las herramientas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos para identificar la omisión del Estado, y así señalar la ruta de trabajo de los actores institucionales. La tarea es ardua porque requiere la participación decidida de diversos actores institucionales, especialmente de los poderes Ejecutivo y Legislativo, para articular un marco regulatorio efectivo que inhiba las prácticas discriminatorias y racistas arraigadas en los espacios públicos de México.

Por otra parte, una buena noticia en México y que da mucha esperanza en la lucha contra el racismo histórico es la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de febrero de 2020, de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las formas conexas de intolerancia. En dicha Convención se señala claramente la noción de racismo y advierte sus consecuencias: "El racismo da lugar a desigualdades raciales, así como a la noción de que las relaciones discriminatorias entre grupos están moral y científicamente justificadas" (Art. 1, numeral 4).

Si bien el racismo es una enfermedad que costará trabajo erradicar y que requiere de soluciones amplias, una ruta efectiva es la trinchera de los derechos humanos y la utilización de los estándares del sistema internacional, así como el músculo del litigio estratégico para seguir empujando cambios y nuevas narrativas de respeto a la dignidad de las personas.