¿Quiénes o qué son los nuevos sujetos de derecho en Colombia?

 ¿Quiénes o qué son los nuevos sujetos de derecho en Colombia?
Alejandro Muñoz González
Alejandro Muñoz González

Alejandro Muñoz González

Historiador y abogado. Especialista en derecho ambiental de la Universidad del Rosario y estudiante de la maestría en derecho de la Universidad de los Andes.

Por: Alejandro Muñoz González

En los últimos cuatro años, los colombianos nos hemos acostumbrado a leer en las noticias que una autoridad judicial ha reconocido a un nuevo río, montaña, o parque natural como titular de derechos. Desde que en 2016 la Corte Constitucional reconoció al río Atrato como “una entidad sujeto de derechos”, jueces y magistrados de todos los niveles de la rama judicial han reconocido los derechos de más de una docena de entes naturales. Por supuesto, Colombia no ha sido el único país en proteger oficialmente los “derechos de la naturaleza”. Alrededor del mundo, Estados como Ecuador, Nueva Zelanda e India han reconocido dichos derechos, sea por vía judicial, legislativa o constitucional.

Un amplio número de voces ha celebrado el reconocimiento de estos nuevos sujetos como la manifestación de un giro biocéntrico o ecocéntrico en el derecho. Desde esta visión, el reconocimiento de la naturaleza —o partes de ella—como titular de derechos implica el abandono de un paradigma antropocéntrico y el reconocimiento de que los entes no humanos no son simples objetos, a merced del dominio de la humanidad, sino entidades con valor intrínseco que deben respetarse y protegerse de manera independiente a su utilidad o importancia para la sociedad.

Sin embargo, como han señalado algunas voces, la dicotomía antropocentrismo/ecocentrismo es un marco limitado a la hora de comprender los matices y complejidades del surgimiento de los derechos de la naturaleza en países como Colombia. Asimismo, el énfasis congratulatorio en el reconocimiento de derechos ha opacado las que quizá sean las preguntas más importantes y delicadas: ¿cuáles son los sujetos a los que se les están reconociendo esos derechos? ¿Cómo están siendo caracterizados y definidos?

 A diferencia de países como Ecuador, donde se le reconocieron derechos de rango constitucional a “la naturaleza o Pacha Mama” en general, en Colombia el reconocimiento se ha dado de manera casuística a porciones específicas del ambiente. Esto ha resultado en un listado heterogéneo de nuevos sujetos no humanos con variedad de formas y escalas: desde pequeñas cuencas hidrográficas (e.g. río Quindío) hasta la Amazonía entera, y desde las alturas del Páramo de Pisba a las aguas braquiales del Parque Nacional Natural Isla de Salamanca. Por sí misma, esta diversidad no es un problema (no sería razonable pretender que los nuevos sujetos no humanos vengan en tamaños y condiciones uniformes). Lo que sí es preocupante es la aparente poca reflexividad con que en algunas ocasiones las autoridades judiciales han determinado y caracterizado los entes naturales titulares de derechos.

Al respecto, hay que recordar que la naturaleza no viene predefinida ni pre-empacada en unidades nítidamente identificadas y delimitadas. Cuando se protege jurídicamente un ente o un área (por ejemplo, un parque natural), se toma la decisión explícita de privilegiar una determinada manera de ordenar y entender la naturaleza (que ya de por sí es un concepto bastante inestable). Esto tiene enormes implicaciones en lo que respecta a los derechos de la naturaleza: la manera en la que se delimita y define el nuevo sujeto de derechos define qué es lo valioso de él y quién tiene derecho a participar en su gestión. Asimismo, tiene el potencial de hacer visibles para el derecho relaciones, vulnerabilidades y daños que de otro modo permanecerían ocultos. En otras palabras: la caracterización del ente natural es tan importante —si no más— como el hecho de que se le reconozcan derechos. Veamos algunos ejemplos.

El derecho del agua a ser un recurso limpio

 En marzo de 2019, un grupo de residentes de La Plata (Huila) acudió al Poder Judicial por vía de recurso de amparo o tutela con el fin de solucionar los problemas de alcantarillado de su barrio. La falta de mantenimiento de un pozo séptico había generado problemas de gases y malos olores, y la ausencia de tapa de siete alcantarillas ponía en riesgo de accidente a los transeúntes. Ante dicha situación, los residentes ‘tutelaron’ a la empresa de servicios públicos del municipio para que diera mantenimiento y limpieza al pozo séptico e instalara las tapas de alcantarilla faltantes. A primera vista, podría entreverse una controversia muy ‘humana’: ciudadanos descontentos con la empresa de alcantarillado. Sin embargo, el juez decidió adoptar un enfoque ecocéntrico, advertir que el río La Plata estaba siendo contaminado, y reconocerlo como sujeto de derechos.

Ahora bien, ¿cómo caracterizó el juez este río? Una lectura del fallo sugiere que el juez identifica predominantemente al río como un “recurso hídrico”. Es decir, el río es un sujeto de derechos, pero la protección de sus derechos parece limitarse al cumplimiento de las normas básicas de salubridad pública que garantizan su viabilidad como ‘recurso natural’. Como el caso de La Plata, son varias las sentencias que han reconocido ríos como sujetos de derechos en casos de contaminación por vertimientos que afectan la salud de los habitantes (ver por ejemplo los casos de los ríos Otún y Pance). En casi todos estos fallos, es difícil imaginar que la decisión adoptada o las órdenes dictadas habrían sido distintas de no haber reconocido a los ríos como sujetos de derechos. A pesar de que se les designe como titulares de derechos, los ríos parecen seguir relegados al rol de recursos naturales al servicio del hombre.

Territorios étnicos y bioculturales

La Sentencia T-622 de 2016 también reconoció a un río (el Atrato) como titular de derechos. Sin embargo, en este caso, la Corte Constitucional caracterizó al nuevo sujeto de derechos de manera bien disímil al caso de La Plata. El Atrato es un río, pero también un territorio conformado tanto por humanos como por no-humanos. Más que un mero recurso natural, el Atrato es la condición habilitante de la diversidad biocultural de las comunidades que habitan el territorio. En tal sentido, el reconocimiento del Atrato como sujeto de derechos no pretende simplemente mitigar la contaminación de sus aguas, sino que constituye una estrategia para proteger la diversidad de prácticas de vida que tienen lugar en su territorio.

En una línea similar, la Jurisdicción Especial para la Paz acreditó al territorio Katsa-Su como víctima del conflicto armado. El Katsa-Su, ‘gran territorio’ del Pueblo Awá, se reconoce como víctima no porque sus componentes individuales pudieran verse afectados por la guerra, sino porque los hechos victimizantes “atentan de manera directa contra la integridad y dignidad del territorio y las personas, desarmonizando su medio espiritual, cultural, social, alimentario interconectado e interdependiente con el conocimiento y la vida de todos los seres del territorio”. De tal modo, la caracterización de este nuevo sujeto de derechos hace visibles ante el derecho un tejido de relaciones entre humanos y no-humanos (y los daños que estas han sufrido) que de otro modo habría permanecido oculto para el derecho.

Hacia una mayor atención al reconocimiento de sujetos

Los anteriores casos ejemplifican las diferencias que pueden llegar a haber en la caracterización de los sujetos naturales. En todos los casos los jueces argumentan que están decidiendo a partir de un enfoque eco-céntrico que pone a la naturaleza como sujeto de derechos. No obstante, las naturalezas en las que están pensando los jueces son notablemente diferentes. Esto no quiere decir que haya maneras ‘incorrectas’ de caracterizar a la naturaleza, y otras que sí correspondan a los contornos ‘naturales’ del ente no-humano. Cada manera de caracterizar, definir y delimitar un sujeto de derechos no-humano trae consigo una carga de intereses y preferencias humanas, y de ideales y modelos de gestión, explotación o convivencia con el entorno ‘natural’.

La nuez del problema es que los jueces puedan reflexionar detenidamente sobre las implicaciones y discusiones que su decisión acarrea: ¿Qué definición de sujeto de derechos proveerá una mayor garantía a los derechos vulnerados? ¿Con base en qué conocimientos y experiencias se está caracterizando dicho sujeto? ¿Qué conocimientos, experiencias y relaciones podrían estar siendo menoscabadas con la declaración del nuevo sujeto? Estas preguntas deberían ser los ejes de revisión del debate.