La voz de las mujeres en el debate público: el rol del derecho a la libertad de expresión

La voz de las mujeres en el debate público: el rol del derecho a la libertad de expresión
Andrea Fernanda Schuster
Andrea Fernanda Schuster

Por: Andrea Fernanda Schuster

La situación actual por la pandemia del COVID-19 puso en evidencia las enormes desigualdades en la región. Una de las manifestaciones de esto es la poca presencia de mujeres en espacios de participación y debate públicos.

A lo largo de este tiempo, hemos podido ver un gran número de actividades periodísticas y de debate con pocas o nulas mujeres, en muchos y diversos espacios de nuestra vida cotidiana. En este sentido, existen razones para pensar que esta falta de participación implica una afectación al derecho de expresarse libremente de las mujeres, principalmente, de mujeres líderes en ciertos temas y áreas del conocimiento. Además, esta ausencia empobrece nuestras prácticas democráticas y reproduce desigualdades históricas. Una lectura del derecho a la libertad de expresión a la luz del principio de igualdad y no discriminación nos permite repensar la necesidad de la participación de mujeres en espacios públicos.

El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como otros tratados internacionales de derechos humanos, establece una amplia protección del derecho a la libertad de expresión, y consagra una noción muy particular. Se trata de una interpretación que considera a este derecho como premisa de una democracia robusta. Así, el derecho a la libertad de expresión habilita un debate público, rico en opiniones y en diversidad de ideas: en suma, supone que, para que la ciudadanía pueda decidir sobre temas de fundamental importancia, debe poder acceder a la mayor cantidad posible de información. De este modo, el carácter bidimensional del derecho implica que la protección de la libertad de expresión se proyecta en dos aspectos: la posibilidad de expresarse y difundir información u opiniones; y la posibilidad de acceder de la ciudadanía a esta información. Vista de esta manera, la libertad de expresión nos protege como población de posibles limitaciones a los discursos que podríamos escuchar para formar nuestras propias ideas y convicciones. Esto es especialmente relevante a la hora de pensar en mujeres líderes, porque la falta de participación o de espacios en que puedan dar a conocer sus voces imposibilita que sus voces puedan constituirse como referentes. En esta línea, el contenido de estas expresiones no puede darse a conocer pública y abiertamente, relegando ciertos temas y ciertas posturas al desconocimiento del resto de la sociedad.

Una de las principales consecuencias de entender el derecho a la libertad de expresión de esta manera se proyecta en el rol del Estado y sus agentes. La concepción democrática del derecho le otorga el rol de moderador del debate público. Esta idea aparece desde que se reconoce que la estructura social desigual afecta las posibilidades reales de ejercer este derecho a ciertos grupos históricamente vulnerabilizados, y que esto implica empobrecimiento de nuestras prácticas democráticas. Así, el Estado aparece como garante de que todos/as puedan influir en la deliberación pública, y tiene que tomar acciones específicas para garantizar ello en un contexto de enormes desigualdades sociales. De esta manera, se establece una obligación reforzada de respeto y de garantía de este derecho con relación a los grupos históricamente oprimidos. En esta línea, las acciones que deben llevarse adelante para garantizar este derecho a grupos vulnerabilizados muchas veces implica restringir en algún grado las voces predominantes para poder darle el lugar a voces menos escuchadas. Así, el Estado puede hacer dos cosas: regular (por ejemplo, a la hora de establecer limitaciones al derecho, condiciones de ejercicio, entre otras) y asignar recursos o redistribuir recursos. En ambos casos implica una obligación estatal que debe responder al programa constitucional de debate público en condiciones de igualdad.

En este sentido, el ideal igualitario que traen aparejados los tratados internacionales de derechos humanos se proyecta a lo largo de todas las obligaciones estatales demandando no sólo intervención, sino también acciones específicas que garanticen la participación de grupos excluidos. Con relación a la situación de las mujeres, los Estados se han obligado a garantizar igualdad y la posibilidad de “vivir una vida libre de violencias”. Esta obligación, desarrollada especialmente por el Comité CEDAW, supone comprender las condiciones de producción de este tipo de violencias. La violencia contra las mujeres es producto de relaciones de poder desiguales en el centro estructura social. Así, la diferencia entre desigualdad y formas de violencia simbólica es muy sutil. En este sentido, la forma de cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos es trabajando en la erradicación de la desigualdad que produce violencia contra las mujeres.

De este modo, podemos pensar en un conjunto de manifestaciones de la desigualdad existente con relación a las mujeres, que se manifieste de forma menos visible, pero que aún así implique una forma de exclusión propia de la desigualdad. La lectura contextualizada de este tipo de exclusiones (que permite evidenciar cierto grado de recurrencia) es esencial para poder dar cuenta del carácter estructural que una exclusión “menor” implica en un caso concreto. Estas situaciones menos reconocibles conforman un patrón que reproduce las relaciones de poder desiguales y la violencia contra las mujeres. Así, no se trata de exclusiones que afecten a una sola mujer individualizable, sino que afectan a las mujeres en tanto grupo: porque se reproduce la desigualdad de la estructura social. En este sentido, la falta de mujeres en actividades públicas, debates y espacios de poder implica una afectación en este sentido: no se trata de una mujer específica que no participe, sino que la ausencia de mujeres en las discusiones y debates implica una exclusión como grupo. Ello, además, imposibilita que las mujeres puedan ocupar espacios jerárquicos y de poder, y posicionarse como líderes en sus respectivas áreas (difícilmente podamos pensar en líderes en áreas o temas que no puedan ser escuchados/as).

Este es el enfoque que resulta importante para pensar una afectación generalizada al derecho a la libertad de expresión de las mujeres. La ausencia de mujeres en espacios de discusión públicos aparece como pequeñas formas invisibilizadas de exclusión que afectan indebidamente el derecho de las mujeres a participar en el debate público, a influir en decisiones y en discusiones que nos afectan a todos/as. Se trata de una violación estructural del derecho a la libertad de expresión. Pero, además, implica un empobrecimiento de nuestras prácticas democráticas: no sólo las mujeres son excluidas de los espacios de discusión, sino que también todas las demás personas se ven privadas de conocer aquello que tienen para decir. De esta forma, no sólo se ven vulnerados los derechos de las mujeres a expresarse y dar a conocer sus opiniones, sino que se ven vulnerados los derechos de todos/as los/as demás integrantes de la comunidad. Y el Estado y sus agentes tienen la obligación de hacer algo para garantizar tal derecho.

La falta de mujeres en espacios de poder, en actividades, exposiciones y debates públicos, en general, es una afectación indirecta del derecho a expresarse libremente, pero también nos afecta a todos/as. Una visión democrática de la libertad de expresión nos muestra que no hace falta una forma evidente de censura para vulnerar este derecho. Estas pequeñas exclusiones invisibilizadas generan y reproducen desigualdad y violencia contra las mujeres, y son las que tenemos que tener en miras cuando pensamos a quién le damos -y a quién no- la palabra, porque detrás de estas acciones se oculta la (im)posibilidad de expresarse libremente. El Estado y sus agentes tienen un rol fundamental en esta tarea, que muchas veces implica restringir las posibilidades de algunos para garantizar los derechos de todos/as a una deliberación democrática amplia y en condiciones de igualdad.