Solución Colombia

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Aspectos Procesales

Curso virtual de DDHH – Caso 1
Derechos fundamentales clásicos
Aspectos procesales y solución de fondo

Colombia
Realizado por: Alfonso Palacios Torres y Valentina Vera Quiroz

1. Tipo de acción

En el presente caso, la acción procedente es la tutela, la cual se encuentra regulada en el Decreto 2591 de 1991, el cual dispone en su artículo 1 que el objeto de esta acción reside en la posibilidad que tiene toda persona de reclamar la protección de sus derechos fundamentales “[…]cuando quiera que éstos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de ese mismo decreo, que es reglamentario del artículo 86 inciso 5 de la Constitución Política de Colombia, la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia ha señalado que la acción de tutela procede contra particulares (i) encargados de la prestación de un servicio público, o (ii) cuya conducta lesione grave o directamente el interés colectivo, o (iii) cuando el solicitante se halle en una situación de subordinación o indefensión respecto de quien ha transgredido cualquier derecho constitucional fundamental.

La misma Corte ha señalado que el estado de subordinación hace referencia al “acatamiento y sometimiento a órdenes proferidas por quienes, en razón de sus calidades, tienen la competencia para impartirlas” . En lo que respecta a la indefensión, la Corte ha señalado que ésta “se refiere a una situación fáctica en la cual la persona no cuenta con la posibilidad material de hacerle frente a las amenazas o transgresiones de otra, en algunas ocasiones por la ausencia de medios ordinarios de defensa y, en otras, porque los mismos resultan exiguos para resistir el agravio” .

En el caso concreto, advierte este Tribunal que no es posible predicar una relación de subordinación entre la señora X y la revista Hola, en la medida en que entre ambas no existe “una relación jurídica de dependencia, que se manifiesta principalmente entre trabajadores y patronos, o entre estudiantes y profesores o directivos de un plantel educativo” . Sin embargo, en lo que respecta a la situación de indefensión, sí es posible afirmar, con base en los hechos del caso, que la señora X no cuenta con los medios físicos o jurídicos de defensa para contrarrestar la posible vulneración a sus derechos derivados de las publicaciones de las fotos y las expresiones verbales emitidas en contra de ella por parte de la revista Hola.

En concordancia con lo señalado, esta Sala ha estimado que la situación de indefensión también se predica cuando, quien divulga la información, tiene un amplio poder de disposición sobre los medios de comunicación, mientras que “el sujeto pasivo de dichas publicaciones dispone de mecanismos ordinarios de defensa para contener la amenaza o la vulneración a sus derechos fundamentales, pero éstos en todo caso resultan exiguos para dicho fin” .

Por todo lo anterior, se resuelve que la situación de indefensión de la señora X se presenta de manera clara pues ella no tiene manera de controlar los contenidos divulgados por parte de la revista Hola, lo cual hace procedente la acción de tutela contra este particular en el presente caso.  

2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso

Según el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en primera instancia, “[s]on competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”.

En el presente caso, la señora X interpuso una acción de tutela con el fin de proteger sus derechos fundamentales a la intimidad, honra, buen nombre y propia imagen de la señora X, la cual fue denegada por el juez de primera instancia quien consideró que la intromisión a estos derechos por parte de la revista HOLA se encontraba justificada. Así las cosas, la señora X decidió impugnar dicha decisión, motivo por el cual el juez de primera instancia deberá remitir el expediente en el término de dos días a su superior jerárquico, según dispone el artículo 32 del mismo Decreto.

3. El reclamante

X es la esposa del actual Presidente de la Republica del Estado Y

4. El objeto del amparo o tutela constitucional

En el presente caso, los derechos objeto de tutela constitucional son los derechos fundamentales a la intimidad, honra, buen nombre y propia imagen de la señora X.

5. Legitimación del demandante

Según el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ser interpuesta por cualquier persona que considere que sus derechos fundamentales han sido agraviados por las intromisiones arbitrarias cometidas por parte de autoridades públicas o por particulares. Por su parte, el artículo 10 del mismo Decreto destaca que, “[l]a acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos”.

En el presente caso, la persona legitmada para interponer la acción de tutela es la señora X, quien ha considerado que sus derechos fundamentales a la intimidad, honra, buen nombre y propia imagen han sido transgredidos por parte de la revista HOLA.

6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria

En el sistema jurídico colombiano, la acción de tutela ostenta el carácter de subsidiario y residual, lo cual quiere decir que ésta es procedente siempre y cuando no existan otros mecanismos judiciales para hacer efectiva la defensa de los derechos fundamentales, o que, a pesar de existir, estos se tornen ineficaces. En el caso bajo análisis, la señora X interpuso una acción de tutela en contra de Hola después de que ésta publicara una serie de fotos y artículos en contra de ella. En este sentido, es razonable afirmar que la acción de tutela es procedente y no requiere el agotamiento de otros medios judiciales de defensa por cuanto no existen otros mecanismos que hagan efectiva la protección de los derechos que alega la reclamante.

7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción

Según el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, “[e]n la solicitud de tutela se expresará, con la mayor claridad posible, la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad pública, si fuere posible, o del órgano autor de la amenaza o del agravio, y la descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud. También contendrá el nombre y el lugar de residencia del solicitante.

No será indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho violado o amenazado. La acción podrá ser ejercida, sin ninguna formalidad o autenticación, por memorial, telegrama u otro medio de comunicación que se manifieste por escrito para lo cual se gozará de franquicia. No será necesario actuar por medio de apoderado.

En caso de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad, la acción podrá ser ejercida verbalmente. El juez deberá atender inmediatamente al solicitante, pero, sin poner en peligro el goce efectivo del derecho, podrá exigir su posterior presentación personal para recoger una declaración que facilite proceder con el trámite de la solicitud, u ordenar al secretario levantar el acta correspondiente sin formalismo alguno”.

Respecto al plazo, la Constitución Política de Colombia establece en su artículo 86 que la acción de tutela puede ser interpuesta “en todo momento”, lo cual implica que no existe determinado para la interposición de la acción. Sin embargo, la Corte Constitucional ha destacado que el juez constitucional al momento de resolver el caso, deberá determinar que “se cumpla el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración”. Así lo destacó el Alto Tribunal en su sentencia T-038 de 2017, quien además agregó que debe existir “una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales”.