¿Paz o derechos de las víctimas?:
REPLANTEANDO el falso dilema desde las experiencias de
Colombia, El Salvador, Guatemala y Perú

Por: Cindy Espitia Murcia

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En la historia latinoamericana ha quedado el registro de la atrocidad de la guerra, pero también de la incesante lucha por la construcción de la paz en los territorios, la promoción de escenarios de reconciliación y la superación de los horrores del pasado, sin que esto suponga una condena de las sociedades al olvido.

En este especial, Agenda Estado de Derecho, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Paz, realiza una remembranza de los procesos de construcción de paz en Latinoamérica y la garantía de los derechos de las víctimas de los conflictos armados padecidos en los Estados de Colombia, El Salvador, Guatemala y Perú. Tal recorrido inicia desde el surgimiento de las hostilidades hasta la implementación de mecanismos de justicia transicional.

Las cifras detrás de las víctimas

La cronología de los acuerdos de paz o desmovilización en Latinoamérica

¿Cuáles son los principales avances, retos y lecciones que dejan estos procesos de construcción de paz?

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COLOMBIA

Alejandro Aponte:

1. En el nuevo modelo de justicia transicional, es un hecho la tríada ampliada de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Así, se ha superado la tradición jurídica, presente en otros procesos de paz en el país, articulados en función exclusiva de los actores y no de las víctimas.

2. Hay una búsqueda genuina del modelo, por colocar a las víctimas en el centro del mismo. Pero ello no puede ser una retórica, no puede tener solo un efecto simbólico, tiene que ser real y esta realidad se concreta con su real dignificación, con el reconocimiento a su dolor, a su dignidad y a los hechos que le acontecieron. La víctima es, ante todo, un sujeto de derechos.

3. Se trata de pedir perdón auténticamente, sin obligación y con presencia real de los victimarios, de los responsables, tanto por acción como por omisión, en procesos dialógicos con la presencia de las víctimas. Se trata de una dinámica permanente, de una forma de ser del modelo y de una visión anclada en su propia estructura.

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EL SALVADOR

Jaime Martínez Ventura:

1. Posibilitar el descubrimiento de la verdad, con la creación de la Comisión de la Verdad, integrada por tres personalidades extranjeras, con el apoyo de las Naciones Unidas, que investigó algunos de los casos más impactantes de violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado. Su informe es prácticamente una adenda al pacto de paz y por ende sus recomendaciones eran vinculantes;

2. El reconocimiento público de la responsabilidad del Estado en algunos de los crímenes atroces y el pedido de perdón a las víctimas, como lo hizo el expresidente Funes con respecto a la masacre de “El Mozote”, en dicho lugar, el 16 de enero de 2012;

3. La creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos Durante el Conflicto Armado Interno, en el 2010, y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado de El Salvador, en el 2017. 

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PERÚ

Dino Carlos Caro Coria:

1. La conformación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación, de composición multisectorial, con la intervención de las organizaciones civiles, y su Informe Final en 2003, con múltiples conclusiones y recomendaciones que, en términos generales, han marcado la hoja de ruta desde entonces.

2. Se han culminado casi en su totalidad los procesos penales por violaciones a los Derechos Humanos cometidos por los diferentes actores del Estado y los grupos terroristas, con un mismo estándar procesal para vencedores y vencidos, acorde con el debido proceso y que ha terminado, cuando ha correspondido, en condenas acordes con la prevención general.

3. La política de promoción de una cultura de pleno respeto a los Derechos Humanos que viene impulsando el Estado de modo constante y uniforme que, en la actualidad, se traduce en la prevención de toda forma de conflictividad social.

¿Cuáles son los principales retos que hay en la materia?

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COLOMBIA

Alejandro Aponte : 

1. Se requiere de voluntad política; ante todo, de acompañar el proceso y de creer en él.

2. Es necesaria una verdadera articulación e impulso del ejecutivo a la implementación de los diversos puntos contemplados en el Acuerdo y que guardan una relación entre sí: el tema agrario, la política renovada que trae el acuerdo respecto de las drogas ilícitas y la protección del modelo de justicia transicional.

3. Urge la protección de la vida de los desmovilizados. Según se ha denunciado, más de doscientos excombatientes de la guerrilla han sido asesinados. Es una condición esencial: cada persona muerta no solo es una pérdida de una vida, sino que, frente al proceso, es la decepción y el pésimo mensaje a otros combatientes, del cierre al camino de la paz y la invitación a continuar haciendo parte de otros aparatos criminales. Es un gran desafío que se une al de proteger a los líderes sociales, a los líderes de tierras, en general, a los líderes, hombres y mujeres que luchan por el reconocimiento de derechos. La historia de Colombia, que parece cíclica en muchos aspectos, ha demostrado que la muerte o el engaño a actores que han dejado las armas se convierte en una multiplicación de acciones de violencia, de acciones armadas, de nacimiento de nuevos y más desafiantes aparatos criminales. Evitar ello, es un desafío mayor.

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EL SALVADOR

Jaime Martínez Ventura : 

1. Completar la reparación integral a las víctimas, incluyendo las medidas de carácter económico, a las víctimas directas, en los casos que haya sobrevivido, y a sus familiares, parientes o allegados que también son víctimas, con relación a los juicios en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha condenado al Estado (Hermanas Serrano Cruz, Contreras y otros, El Mozote, entre otros);

2. Impartir justicia interna para miles de víctimas por cientos de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, por ambas partes, a partir de que, el 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, que impedía tal juzgamiento; esto demanda como conditio sine qua non, que el Ejecutivo ordene el libre acceso de los jueces, fiscales y demás organismos competentes, a los archivos de la Fuerza Armada de la época del conflicto, pues esta institución niega ese acceso incumpliendo órdenes judiciales.

3. Fortalecer, profundizar y ampliar las medidas de no repetición, especialmente las relativas a la formación, profesionalización y democratización de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General y el Órgano Judicial; sin descuidar la conservación de la memoria histórica actualmente en riesgo, pues en enero de este año, no hubo un acto oficial conmemorativo de los Acuerdos de Paz y existe un discurso oficial que banaliza y demerita los logros de ese pacto de paz.

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PERÚ

Dino Carlos Caro Coria:

1. Ahondamiento de esa política de promoción de los Derechos Humanos, que ahora debe concentrarse en la vigencia de derechos fundamentales como el medio ambiente, la salud, la no discriminación o los derechos laborales.

2. El Covid-19 ha revelado el prácticamente abandono de la inversión en salud, no es posible hablar de paz sin esta prestación pública esencial.

3. No es posible hablar del largo plazo sin un fortalecimiento del sistema educativo, la herramienta más potente para el desarrollo de las libertades civiles y la paz, es la educación.

¿Cuáles son las lecciones que se derivan del proceso de construcción de paz en su país?

Para Colombia - Alejandro Aponte : 

En relación con el modelo transicional en su componente del sistema especial de justicia:

1. Colombia es un país que tiene una amplia tradición de implementación de modelos especiales de incorporación de actores armados a la vida civil. Categorías como el delito político, especialmente en su componente de delito de rebelión, han sido fundamentales. 

2. El proceso de Justicia y Paz, aun cuando se adelantó con actores que no habían sido concebidos como delincuentes políticos y que cometieron miles de atrocidades, ha sido un referente hoy fundamental para el camino emprendido por la JEP. Especialmente, por el ámbito general de imputación de las conductas que –fue o ha sido el de los crímenes internacionales y no, por ejemplo, el terrorismo supeditado al mero ámbito del crimen organizado–; el impulso a la estrategia de priorización, a partir del 2012, por parte de la Fiscalía y la instauración de la lógica de investigación, de la macrocriminalidad.

3. El país y su sistema penal está hoy levantado sobre un nuevo lenguaje, una nueva manera de investigar y sancionar crímenes de sistema, con la visibilización de crímenes internacionales. Categorías como la responsabilidad del superior jerárquico, nociones como autoría mediata en aparatos organizados de poder, la noción de doble imputación y el “hecho total”, constituyen hoy categorías dogmáticas fundamentales para el proceso de imputación de responsabilidad penal de aparatos criminales y la JEP está haciendo uso de estas categorías y deberá aprovechar su impacto, tanto dogmático como político-criminal.

Para El Salvador - Jaime Martínez Ventura : 

1. Descuidos o incumplimiento del proceso de desarme, desmovilización y reinserción, especialmente en la fase de reincorporación a la vida social, económica y política del país, de grupos de desmovilizados de la Fuerza Armada y de la ex guerrilla, quienes al considerar insatisfactorias las medidas implementadas y a falta o debilidad de otros programas como de salud mental o formación profesional, derivaron en actividades delincuenciales y potenciaron fenómenos como el de bandas de crimen organizado y las maras.

2. Incumplimiento de un proceso de desarme nacional, que fue recomendado por la Comisión Científica para la Creación de la Policía Nacional Civil, entre cuyos integrantes estaba el Dr. Raúl Zaffaroni.

3. Ausencia de una política permanente de reparación integral a las víctimas con su respectiva asignación presupuestaria anual, en particular para cubrir las reparaciones de carácter económico. Debilidad de las medidas de no repetición puesto que la formación de la Fuerza Armada en el respeto a los Derechos Humanos y sometimiento a las autoridades judiciales brilla por su ausencia y falta profundizar la cultura de paz y la memoria histórica en el currículo del sistema educativo nacional.

Frente al Perú -  Dino Carlos Caro Coria:

1. La confirmación histórica de que las principales fuentes de conflictividad social son la desigualdad y la debilidad del Estado para la satisfacción de las prestaciones públicas más esenciales.

2. No es posible hablar de pacificación ni de transición con el sólo enjuiciamiento y condena de los autores de hechos violentos. Ese puede ser apenas el primer paso hacia un proceso de reconciliación nacional. Es necesario reducir la brecha de desigualdad y potenciar los servicios públicos: una tarea en la que el Estado peruano ha venido avanzando con relativo éxito en las dos últimas décadas.

3. La pacificación no es sólo tarea del Estado, las ONG o la cooperación internacional, se necesita el involucramiento de toda la sociedad civil, incluyendo actores que tradicionalmente no se han visto como promotores de los Derechos Humanos, por ejemplo, los empresarios, quienes no sólo son fuente del crecimiento del PIB del país y la contribución con impuestos, sino los principales llamados a actuar con debida diligencia para hacer viable el respeto del medio ambiente o los derechos laborales.

¿Cuál es rol de la sociedad civil en procesos de construcción de paz?

Alejandro Aponte : 

 La sociedad civil tiene un rol de control  y de verificación permanente al  cumplimiento de los acuerdos. Es un rol de exigencia, tanto a los sujetos que hacen parte del modelo de justicia, los miembros de la ex guerrilla, como a los agentes del Estado implicados en la comisión de crímenes internacionales, para que expresen realmente la verdad de lo ocurrido. El modelo en Colombia no está edificado sobre la venganza, ni sobre la expansión ilimitada del derecho penal en su función sancionatoria o intimidatoria; el modelo privilegia la verdad, el arrepentimiento genuino, la verdadera expresión de perdón, la reparación y la generación de contextos reales de no repetición. Destaco, además, el rol de la academia: sus aportes deben ser siempre fundamentales; en escenarios de fragmentación social e institucional, de tensión política, los esfuerzos ilustrados, ponderados de la academia, son esenciales.

Jaime Martínez Ventura : 

Previo a los acuerdos de paz y durante la fase de negociación, la sociedad civil debe tener un rol de interlocutor válido y representativo de los intereses de toda o parte de la sociedad. Para esto, debe realizar un enorme esfuerzo de organización, movilización e incidencia política, ante las partes en conflicto y ante la comunidad internacional. La unión de fuerzas es fundamental. No pueden dispersarse en esfuerzos individuales o corporativos porque los adversarios de la paz también se organizan y suelen tener más poder político y económico. Una experiencia valiosa en El Salvador fue el CPDN, Comité Permanente del Debate Nacional, que logró aglutinar un amplio número de organizaciones de la sociedad civil. Se convirtió en un referente social, antes, durante y después de las negociaciones que condujeron a la firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992. En la fase de ejecución de los acuerdos y de implementación de las medidas de justicia de transición, la sociedad civil debe desempeñar un rol de contraloría al Estado, acompañamiento a las víctimas y de formación e información hacia la población y la comunidad internacional.

Dino Carlos Caro Coria:

El rol de la sociedad civil ha sido y es fundamental en dos ámbitos. Por un lado, por su ya conocida participación para reforzar y, en algunos casos suplir, las prestaciones públicas, por ejemplo, en la defensa de los Derechos Humanos en procesos judiciales, penales y constitucionales, para la persecución nacional de crímenes graves o de lesa humanidad, así como en procesos supranacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este rol promotor de los Derechos Humanos se extiende más allá de la actividad judicial; implica la atención y auxilio a las víctimas, para mitigar los efectos de la violencia. De otro lado, como la paz no se consigue en los tribunales, el Estado necesita contar con el involucramiento de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, desde las ONG, gremios sindicales y empresariales, universidades, medios de comunicación, etc. La promoción de una cultura de paz es transversal a cualquier sociedad organizada.

Diseño: Paulo Cañón