¿Qué aprendimos del vacunagate? Criterios éticos para la asignación de vacunas Covid19

Por: Paula Siverino Bavio

El vacunagate en el Perú no solo fue un escándalo de corrupción, sino que generó una herida profunda en la sensibilidad y confianza de millones de personas. La vacunación irregular “por acomodo” o salto de la fila sucedió en varios países. ¿Cómo deberían funcionar los esquemas de vacunación? ¿Cuáles son los criterios éticos de asignación de prioridad?

El proceso de vacunación tiene aristas éticas y jurídicas complejas: a) es un bien escaso, los países de ingresos medios y bajos llevan las de perder y existe un acaparamiento de países desarrollados que compraron muchas más dosis que su población existente; b) es un bien sujeto a derechos de patente, y el mecanismo COVAX es el único existente para que países de bajos ingresos tengan acceso a la vacuna, por lo cual se discute plantear excepciones al régimen de patentes. Los países negocian conforme a condiciones leoninas y van consiguiendo lotes de vacunas por partes. Una vez compradas y en destino ¿cómo deben distribuirse dentro del país? Y una vez distribuidas ¿en qué grado de prioridad deben asignarse?

La OMS, a través del Grupo de Trabajo sobre Vacunas contra la Covid-19 del Grupo de Expertos de la OMS en Asesoramiento Estratégico sobre inmunización (SAGE) elaboró una hoja de ruta para el establecimiento de prioridades en el uso de vacunas en un contexto de suministros limitados. Si bien los países podrían plantear sus propios criterios de prioridad, estos deben estar ética y epidemiológicamente justificados. 

El sistema planteado por SAGE tiene tres pasos: a) un marco de valores; b) una hoja de ruta, y c) recomendaciones para vacunas concretas. Su eje rector es considerar que la vacuna es un bien público mundial y se espera que contribuya a la protección y promoción equitativa del bienestar humano. Se asume que se trata de vacunas autorizadas y que cumplen los criterios mínimos de OMS.

El Marco de Valores tiene seis principios: bienestar humano (bienestar integral), respeto igualitario, equidad mundial, equidad nacional, reciprocidad y legitimidad. Estos principios receptan pautas básicas de derechos humanos y bioética en contexto de pandemia. 

El principio de respeto igualitario implica considerar los intereses de todas las personas mientras se decide y ejecuta la asignación de vacunas y la aplicación prioritaria, dando la posibilidad de vacunarse a quienes reúnan los criterios de priorización. 

Para determinar los grupos prioritarios deberían integrarse:  

1. El Marco de Valores.
2. La información acerca de las características específicas de la vacuna o vacunas disponibles. 
3. La evaluación del riesgo-beneficio para los distintos grupos poblacionales.
4. La cantidad y el ritmo del suministro de las vacunas.
5. La situación actual con respecto a las características epidemiológicas.
6. El manejo clínico y el impacto económico y social de la pandemia.

La Hoja de Ruta pretende orientar los criterios para la toma de decisiones al priorizar la aplicación de la vacuna dentro de cada país, considerando:

1.  Tres contextos epidemiológicos posibles: 1) transmisión comunitaria, 2) casos esporádicos o conglomerados de casos, y 3) ausencia de casos. 
2. Tres escenarios de suministro de vacunas: a) disponibilidad muy limitada (se puede vacunar al 1% -10% población, Etapa I), b) limitado (11% al 20%, Etapa II), c) moderada (21%-50% de la población, Etapa III).

Actualmente, nos encontramos en un escenario de transmisión comunitaria y disponibilidad muy limitada de vacunas, por lo cual, los esfuerzos deben centrarse en:  a) reducir la morbilidad y mortalidad, b) mantener servicios esenciales críticos. Aquí es clave el concepto de “reciprocidad” frente al personal esencial que afronta riesgos desproporcionados. Si aumenta el suministro de vacunas, se suma a la estrategia el buscar reducir la transmisión del virus, para minimizar la disrupción de las funciones sociales y económicas. Una vez que se ha dado la oportunidad de vacunarse a todo un grupo prioritario, puede empezar a vacunarse el otro.

¿Cuál es el esquema de prioridad de vacunación? En la etapa I-a: personal sanitario en riesgo de alto a muy alto de contraer y transmitir la infección (en contacto directo con pacientes con Covid-19). Una vez alcanzada la inmunización de este grupo puede pasarse a la  etapa I-b: personas de edad avanzada, definida por el riesgo y por edad. 

En la etapa II, correspondería vacunar: a adultos mayores no alcanzados en la Etapa I; grupos con comorbilidades o riesgo significativamente mayor de sufrir muerte o cuadro grave por Covid-19; grupos con riesgo socioeconómico mayor de sufrir muerte o cuadro grave; personal sanitario que participa en procesos de inmunización; personal docente y escolar de alta prioridad.  En la etapa III: el resto del personal docente y escolar; otros trabajadores esenciales; personal sanitario de riesgo bajo o moderado; grupos sociales o de empleo que no pueden mantenerse distanciarse físicamente de manera efectiva; mujeres embarazadas. En estas etapas los grupos no se ordenan por prioridad entre sí.

¿Cómo se justifica la prioridad en la etapa I a y b, donde estamos actualmente?  a) el personal de salud que atiende a enfermos de Covid-19 son esenciales para hacer frente a la pandemia; b) ellos corren un alto riesgo de enfermar y morir y transmitir la enfermedad; c) por reciprocidad: desempeñan funciones decisivas en la respuesta a la enfermedad, trabajando en condiciones intensas y sumamente difíciles, y exponiéndose a un riesgo mayor ellos y sus familias. Por otro lado, está comprobado que la tasa de mortalidad es mucho mayor en adultos mayores de 60, 70 y 80 y más años.

Como se ve, las excusas dadas en los casos de vacunagate en la Región –por ejemplo, en Perú, Ecuador y Argentina–  no son compatibles con los criterios éticos de prioridad propuestos por la OMS. Si bien se trata de un esquema sugerido a los gobiernos, las respuestas a diferentes escenarios elaboradas por un grupo de interdisciplinario de expertos que explicamos, han sido diseñadas para garantizar criterios claros y compatibles con el derecho a la salud en el contexto de pandemia bajo principios de solidaridad y justicia y deberían ser respetadas. Asimismo, deberían revisarse las estrategias de descentralización estatal en la aplicación de la vacuna al interior de los países que, a la fecha, han generado numerosas situaciones de acceso dispar a las vacunas incluso entre la población vulnerable de los grupos prioritarios. 

De igual manera, deben mantenerse las campañas de prevención, ya que la pandemia está aún lejos de estar controlada. Responsabilidad individual, solidaridad y una transparente y efectiva gestión estatal son esenciales para asegurar los derechos fundamentales de la población en este contexto desafiante.