Solución Venezuela caso 1

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Aspectos Procesales

Curso virtual de DDHH – Caso 1
Derechos fundamentales clásicos
Aspectos procesales y solución de fondo

Venezuela
Realizado por: Jesús María Casal Hernández

1. El tipo de acción:

En el caso se identifica la aplicación de la acción de amparo.

2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso

De acuerdo con el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, corresponde al Tribunal Supremo de Justicia garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales, siendo este el máximo intérprete de la Carta, sin perjuicio del carácter vinculante que la Constitución otorga a las interpretaciones de la Sala Constitucional de dicho Tribunal. No obstante, la garantía de la integridad de la Constitución es tarea de todos los jueces (art. 334 de la Constitución).

En relación con el amparo constitucional, como derecho y a la vez garantía constitucional (art. 27 de la Constitución), la competencia judicial está repartida entre los distintos grados y competencias jurisdiccionales. Adicionalmente, según el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y el artículo 25.19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, conocer sobre las apelaciones realizadas contra sentencias de amparado dictadas en primera instancia por un tribunal superior, dejando a salvo a los tribunales superiores contencioso administrativos

3. El reclamante

La señora X es la reclamante, quien es la esposa del actual Presidente de la Republica del Estado Y.

4. El objeto del amparo o tutela constitucional

El artículo 60 de la Constitución consagra el derecho de toda persona a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación.

5. La legitimación del demandante

Según el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales. Además, el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo contempla la apelación a fallos de amparo de primera instancia.

6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria

En la ley orgánica de amparo se enumeran las condiciones bajo las cuales la acción de amparo no es admisible, dentro de las cuales se encuentran que “la amenaza contra el derecho o garantía constitucionales, no sea inmediata, posible y realizable por el imputado” y que “el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hechos uso de los medios judiciales preexistentes” (Art. 6).  Teniendo en cuenta que en este caso el fallo de primera instancia negó la protección de los derechos constitucionales de la señora X, el artículo 35 de la misma Ley concede la garantía de doble instancia para apelar y permite la aplicación del recurso tras el primer fallo.

7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción

El artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo menciona los siguientes requisitos de admisión de la solicitud:

“1) Los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la persona que actúe en su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del poder conferido;

2) Residencia, lugar y domicilio, tanto del agraviado como del agraviante;

3) Suficiente señalamiento e identificación del agraviante, si fuere posible, e indicación de la circunstancia de localización;

4) Señalamiento del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación;

5) Descripción narrativa del hecho, acto, omisión y demás circunstancias que motiven la solicitud de amparo;

6) Y, cualquiera explicación complementaria relacionada con la situación jurídica infringida, a fin de ilustrar el criterio jurisdiccional. En caso de instancia verbal, se exigirán, en lo posible, los mismos requisitos.”

Finalmente, el amparo debe, en principio, interponerse en un plazo de seis meses desde el inicio de la vulneración o de la amenaza del derecho.

Sin embargo, en cuanto al recurso de apelación se expone, que, si transcurridos los tres días de dictado el fallo las partes no interponen la apelación, este pasa inmediatamente al Tribunal Superior respectivo para revisión (Art. 35, Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales).