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    ¿La corrupción está tomando posesión en la justicia?

    La VIII Cumbre de las Américas se realizó el 13 y 14 de abril de 2018 en Lima, Perú, con el tema central de “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción” (Página oficial de la VIII Cumbre de las Américas en Perú).

    Los jefes de Estado y de gobierno de los 34 países que participaron, la sociedad civil, el sector privado, jóvenes y otros actores sociales dialogaron sobre los ejes temáticos de gobernabilidad democrática y corrupción, corrupción y desarrollo sostenible y aspectos de cooperación, institucionalidad internacional y alianzas público privadas, con el objetivo de pactar una agenda hemisférica frente a la corrupción; identificado como uno de los mayores desafíos para la región (Índice de percepción de la corrupción 2017 de Transparencia Internacional).

    Parte de la motivación hacia la Cumbre fue pensar que fuera aprovechada para analizar la influencia que tiene actualmente la política en el poder judicial. Aunque en los últimos años ha habido avances significativos en las actividades judiciales contra la corrupción, especialmente con el caso Odebrecht (Transparencia Internacional, No hay cambios en las percepciones pese a los avances en América, 21.02.2018), la influencia política parece, en partes, seguir salpicando a la justicia. Mientras el caso Lava Jato también está lejos de ser completamente resuelto, hay otros con controversia y de gran interés público. El caso del expresidente Lula en Brasil (Caso Lula, comentario de Rubens Glezer, profesor de derecho constitucional y miembro del think tank Getúlio Vargas), al igual que el del presidente actual Temer (Cae el círculo de confianza de Temer en otro golpe judicial a la corrupción, El País, 29.03.2018) y el ahora expresidente Kuczynski en el Perú.

    Perú no solo fue anfitrión de la Cumbre, sino también es un país clave en la lucha contra la corrupción ahora con las investigaciones de Kuczynski y varios de sus antecesores. Aparte, está el indulto de Fujimori, firmado por el mismo Kuczynski, el cual ahora está siendo revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH revisa ndulto a Fujimori, noticias DW América Latina, 02.02.2018). El cartel de la toga (El Espectador, El "Cartel de la toga": un escándalo aún vigente, 09.01.2018) y la controversia por el expresidente y senador colombiano Uribe (Opinión de Jorge Gómez Pinilla, El Espectador, 03.04.2018) o la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela son otros ejemplos de desafíos que debe enfrentar el Estado de derecho en Latinoamérica hoy por hoy.

    Mientras tanto, los juristas son figuras claves en esta lucha, siendo las personas necesarias para investigar y sancionar actos ilegales. Sin embargo, es una utopía soñar con un sistema judicial sin ninguna influencia política, o con jueces sin ninguna orientación política. El sistema judicial está formado por juristas, siendo personas con vida privada, intereses, ideales y opiniones políticas, algo que, en el fondo no es negativo. Lo que sí es necesario es la garantía que el sistema judicial, al igual que cada juez, funcione y actúe de conformidad con los reglamentos legales, realizándolos de manera independiente e imparcial de convicciones políticas. Al mismo tiempo debe ser capaz de resistir cualquier tipo de influencia política.

    ¿Cómo garantizarlo? Es importante implementar la enseñanza, durante la formación de juristas, no solo del uso científico de las leyes, sino también de la ética de la profesión. Eso incluye también transmitir el conocimiento del papel clave y de la importancia de un sistema judicial funcionando para garantizar la implementación y el mantenimiento de un Estado de derecho, lo cual implica también la lucha en contra de la corrupción.

    Lo que aplica para los profesionales, aplica de igual manera para los ciudadanos y la sociedad civil: un efecto que facilita a la corrupción es el hecho de que hace falta sensibilidad frente al tema, una responsabilidad personal. Parte del problema es el hecho de que a las víctimas de la corrupción no se les reconoce a primera vista. La injusticia, la necesidad de sancionar un asesinato o un atraco es obvio por la víctima. La víctima de un robo en la calle siente la pérdida. Los daños de un acto de corrupción no son tan visibles ni tan sensibles, pero sí existen. Es de gran importancia transmitir a la sociedad que la corrupción sí tiene víctimas, y que, al final, la víctima es la misma sociedad. Por motivos de corrupción no solo aumentan los precios de sector servicios, está desmejorado el sistema de educación, el sistema de salud, está afectado el desarrollo infraestructural, sino también hay una interrelación entre el nivel de corrupción y la libertad de prensa y participación de la sociedad civil, incluyendo la libertad de expresión y de información (Índice de la percepción de la corrupción 2017, Análisis por Transparencia Internacional, 19.04.2018).

    Entendiendo que la corrupción es un fenómeno regional, la Cumbre también pudo ser usada para aprovechar, analizando los distintos sistemas jurídicos en cada país, sus ventajas y desventajas y los efectos hacia la extensión de corrupción, incluyendo la selección de jueces, pensando en posibles reformas y sus riesgos. También hay que preguntar si la reforma de los sistemas judiciales es un deber que cada país tiene que enfrentar a su propia manera, o si más bien es necesaria una estandarización de procesos de independencia e integridad judicial. Junto con el intento de mejorar un sistema judicial va la pregunta: ¿Cuál es el origen de la corrupción, en general, de dónde viene? ¿Es la corrupción el resultado de un sistema estatal que lo posibilita y lo facilita? ¿Es la corrupción en la vida cotidiana y privada de los ciudadanos de un país el resultado de un sistema corrupto? O ¿es un sistema corrupto por la lógica consecuencia de una sociedad corrupta? Lo cierto es que uno promueve lo otro, es un círculo vicioso que se potencia cada vez más.

    La oportunidad que ofreció la Cumbre, se espera que haya sido aprovechada por los participantes, incluyendo los actores gubernamentales, para marcar un paso contra la corrupción, para fortalecer e independizar cada vez más a la justicia, generando ideas y programas para el futuro que comience desde ahora, justo en este año con elecciones presidenciales en varios países de la región. Hay jueces y fiscales, igual como periodistas y activistas dispuestos a enfrentar la corrupción, pero necesitan un Estado de derecho que los apoye.

    por: Sarah Kristina Jürges

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