Los saberes de migrantes y refugiados para sobrevivir en estados de emergencia

Los saberes de migrantes y refugiados para sobrevivir en estados de emergencia
Amarela Varela Huerta
Amarela Varela Huerta

Profesora/investigadora en la Academia de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Feminista que apuesta por coproducir crónicas sobre luchas migrantes (y prácticas de muerte en su contra) narradas desde la experiencia y los saberes de los propios pueblos en movimiento.

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Por: Amarela Varela Huerta

Durante la pandemia por la Covid-19, los 12 millones de migrantes mexicanos, que viven principalmente en Estados Unidos, Canadá y España, han experimentado una serie de dificultades. Se calcula que por los menos mil migrantes mexicanos han muerto como consecuencia del virus, sobre todo en Nueva York, y otra buena cantidad no ha podido acudir a los hospitales por el impagable precio de la salud en Estados Unidos. Además, los migrantes también forman parte de las poblaciones más afectadas por el incremento de la tasa de desempleo en ese país, pues de las 20 millones de personas que perdieron sus empleos “desechables”, un número incalculado de ellos eran migrantes. Una de las consecuencias de este problema es la imposibilidad del envío de remesas, unos dólares que no sólo sostienen a un gran número de hogares mexicanos, sino al Producto Interno Bruto (PIB) de este país.

Más allá de los datos sobre la pandemia, en promedio 800 mil personas atraviesan México cada año para demandar asilo o internarse en EEUU, desobedeciendo las leyes que extranjerizan a los pobres que buscan una vida que se pueda vivir y festejar, del otro lado del muro que se ha fortificado más que nunca con la presidencia de Donald Trump. De ahí que en este artículo proponemos aprender de los migrantes, quienes, desde antes de que la pandemia se declarara global y empezara con ello un cambio epocal, habían experimentado largos periodos de confinamiento.

Por ejemplo, producto de las leyes para “gobernar” las migraciones en la región, 60 mil personas se encuentran varadas en la frontera norte de México, esperando una resolución de las autoridades estadounidenses a su petición de asilo. Entre ellas, hay al menos 17 mil niños y niñas, los cuales son especialmente vulnerables a posibles agresiones o contagios de Covid-19. Las familias deportadas “en caliente”, o sin debido proceso judicial de por medio, son en su mayoría centroamericanas, aunque también hay presencia de migrantes “extracontinentales”. A estos procesos de gobierno de las migraciones los analistas los hemos llamado de securitización y externalización de fronteras, estrategias entre legales y militares que datan del siglo pasado y que hoy se agudizan. En concreto, entre las que han dejado viviendo a la intemperie en la frontera a miles de personas se encuentra el paquete de medidas conocido como MPP o programa Quédate en México, que permite la “deportación legal” de solicitantes de asilo en EEUU que hayan ingresado por fronteras mexicanas, para que transiten en México el proceso judicial que resuelva su petición de asilo, generando terribles consecuencias humanas.  

Latinoamericanos, africanos y asiáticos sobreviven a la intemperie, en la calle o en campamentos de refugiados improvisados por ellos mismos o por los gobiernos municipales, como el de Matamoros, Tamaulipas, donde en promedio 2 mil desplazados, muchos de ellos solicitantes de asilo en EEUU, esperan el desarrollo y la sentencia de su juicio de este lado del muro. Entre estos desplazados de la miseria y la violencia de todo el mundo, hay miles de mexicanos que han agotado ciclos de desplazamiento forzado interno y necesitan cruzar la frontera (que se cuentan ya en medio millón de personas, según informes de ONGs y organismos públicos).

 

Como dijimos, la situación que se relata es producto de acuerdos de externalización de las fronteras. En total, hasta el inicio de mayo, la pandemia ha “facilitado” la expulsión desde EEUU a México de más de 10.000 personas (incluyendo migrantes irregularizados, solicitantes de asilo, mujeres, niños, niñas y adolescentes) tras la aprobación de poderes de emergencia para frenar la propagación del coronavirus. Conviene recalcar que el gobierno mexicano está obligado a garantizar el acceso a la salud y a otros derechos fundamentales a estos miles de seres humanos, por la suma de tratados internacionales que ha signado en la materia, ratificados incluso a lo largo de los años, y por el paquete de reformas constitucionales en materia migratoria que desde 2010 ha intentado armonizar (todavía en proceso) las leyes con la compleja realidad migratoria de México como país expulsor, de tránsito, instalación y retorno, además del desplazamiento forzado interno e internacional.

Además de las víctimas de las “políticas exteriores” del gobierno mexicano y estadounidense, en México se cuentan por miles los migrantes deportados después de décadas de vivir irregularizados en EEUU y retornados de “allá porque se acabó el trabajo”. Retornados y deportados que regresan a un país que nunca está preparado para abrazarlos en el duelo de volver a migrar, aunque sería de esperar el despliegue de políticas públicas que garanticen el acceso a los derechos fundamentales para esta población que no hará más que crecer en el marco de la crisis económica global ya en marcha. 

Así pues, deportados, desplazados y transmigrantes están hoy atrapados en un país tapón en un tiempo de cuarentena global, retenidos en una transitoriedad perpetua en esta que llaman la “frontera vertical”, plagada de “ciudades cárceles”, donde se les encarcela, tortura y deporta al margen de procesos judiciales y fuera de toda norma internacional de protección a los derechos humanos.

No obstante, estos migrantes no afrontan este cambio epocal de forma pasiva o cual víctimas. Al contrario, tienen aprendidas o imaginan estrategias para mantenerse con vida en medio de tanta muerte y pelean por que sus vidas sean vivibles y dignas de celebrar, como cuando vivían en EEUU antes de ser deportados o como cuando crecieron en sus territorios antes de que los carteles, las mineras, las transnacionales europeas, las maras o, incluso, la violencia en sus casas y por sus pares varones, les desplazaran.

De ahí que en este periodo de pandemia se hayan incrementado y multiplicado las estrategias de sobrevivencia, a pesar de los 27 mil agentes de la Guardia Nacional repartidos por el actual gobierno de Manuel López Obrador en las franjas fronterizas del norte y sur de México, intentando “disuadir con estrategias militares” la voluntad de vida de estos migrantes y refugiados.

Desde el inicio de la pandemia y hasta ahora que suman ya más de 20 mil muertos por la Covid-19, en el México donde de por sí mueren centenares de miles de personas mensualmente por la violencia y la impunidad generalizadas, las familias migrantes —porque los flujos de transmigrantes definitivamente se han familiarizado, y los delitos y violaciones a derechos humanos contra ellos también suceden ahora contra núcleos familiares— se han organizado en grupos de autocuidado colectivo para seguir caminando clandestinizados por la política de profundización de frontera vertical que se practica en México.

En este periodo, grupos de migrantes acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para solicitar protección y evitar ser deportados por el Instituto Nacional de Migración en medio de fronteras cerradas por sus países de origen.

Desde que empezó la cuarentena, los migrantes han protestado en el interior de Estaciones Migratorias (CIE’s) en Chiapas, Tabasco, Sonora y Coahuila, exigiendo su liberación ante el riesgo de contagiarse de Covid-19. En las protestas, diversas coaliciones de defensores de migrantes denunciaron tortura y tratos crueles por parte de la Guardia Nacional y la Policía Federal al momento de intervenir, tanto que en el sur de México una persona solicitante de asilo falleció en el marco de las protestas. En este periodo, los medios mexicanos reportaron frecuentemente huelgas de hambre y protestas dentro de estaciones migratorias por parte de transmigrantes que demandaban ser liberados.

En ese mismo tenor, hemos sido testigos de la migración en reversa. Las y los jornaleros agrícolas, indígenas en su mayoría, han vuelto masivamente, incluso se han suspendido programas de trabajo temporal hacia Canadá por el coronavirus. Los retornados han acatado las condiciones dictadas para su reingreso por parte de gobiernos comunales, medidas que buscan frenar el contagio en sus tierras, pues podría significar, como en Brasil, el exterminio de pueblos originarios, debido a que los jornaleros vuelven sin monitoreo alguno por parte de los gobiernos o las empresas para las que trabajaban.

Al mismo tiempo, los trabajadores “atorados” en las franjas fronterizas del norte de México (en su mayoría mujeres), han reforzado o germinado estrategias de autodefensa sindical para oponerse a trabajar en condiciones de riesgo en las que llaman “incubadoras de muerte”: las maquilas donde trabajan, muchas de las cuales no pararon en ningún momento de producir. Los jóvenes deportados, bilingües y que trabajan en call centers, han denunciado a las empresas que los obligan a trabajar incluso enfermos de Covid-19.

De todo lo anterior y una suma de realidades aún más complejas, damos cuenta en (In)movilidad En Las Américas, un proyecto colaborativo puesto en marcha por 30 investigadores de la migración en toda América Latina, que pensamos en torno al binomio migración/Covid. Este portal/ repositorio busca hacer memoria sobre las medidas de control, situaciones de alerta que enfrenta la población migrante y respuestas sociales que han ocurrido en 19 países del continente.

Además de las situaciones comunes, quien navega por el repositorio puede descubrir las formas en que migrantes y refugiados han afrontado la pandemia y han reciclado, reforzado o imaginado nuevas prácticas de cuidado, organización y luchas migrantes para conseguir su derecho a una vida que sea vivible y pueda festejarse. Este esfuerzo es, además de una memoria de las ignominias cometidas contra quienes migran, un baúl de prácticas concretas para sobrevivir a la incertidumbre, antes y ahora. Les invitamos a navegarlo y explotar esos saberes migrantes acumulados, fuente de pistas concretas para el diseño de políticas públicas que propongan estrategias para una accesibilidad efectiva a los derechos fundamentales como la vida y la salud para los migrantes y refugiados.