Solución El Salvador caso 2

Curso virtual de DDHH – Caso 2
Derechos a la igualdad y a la no discriminación
Aspectos procesales* y solución de fondo

El Salvador
Realizado por: Florentín Meléndez

1. Tipo de acción

En este caso se trata de una demanda de inconstitucionalidad.

2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso

De acuerdo al artículo 174 de la Constitución de la República de El Salvador, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conocerá y resolverá “las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, el habeas corpus, las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo a que se refiere el Art. 138 y las causas mencionadas en la atribución 7a. del Art. 182 de esta Constitución”. Asimismo, el artículo 183 constitucional señala que esta misma Corporación “será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano”.

 3. El reclamante

En el presente caso no se especifica quién es el reclamante de la acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, esta puede ser interpuesta por cualquier ciudadano, según lo estipula el artículo 183 de la Constitución de la República.

4. El objeto de la demanda de inconstitucionalidad

El objeto de la demanda de inconstitucionalidad es proteger la supremacía de la Constitución frente a normas de inferior jerarquía que transgredan alguno de sus supuestos constitucionales. El derecho a la igualdad está consagrado en la Constitución como un derecho que debe ser protegido por el Estado por lo cual, ante una presunta violación de este derecho, es procedente la interposición de una acción de inconstitucionalidad con el fin de determinar si la Ley Y que dispone que “[s]on requisitos de legitimación para adoptar: [...] c) conformar una vida de pareja entre un hombre y una mujer, ya sea por unión de hecho, solemne o matrimonial”, se ajusta o no a los preceptos constitucionales de El Salvador.

5. La legitimación del demandante

Según el artículo 183 de la Constitución, “[c]ualquier ciudadano puede pedir a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declare la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio.

6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria

Por tratarse de la declaración de inconstitucionalidad de una ley no hay vía jurídica ordinaria previa que se exija en el caso concreto.

7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción

El artículo 6 de la Ley de Procedimientos Constitucionales establece los siguientes requisitos para la admisión de la demanda de inconstitucionalidad:  


“1) El nombre, profesión u oficio y domicilio del peticionario

2) La ley, el decreto o reglamento que se estime inconstitucional, citando el número y fecha del Diario Oficial en que se hubiere publicado, o acompañando el ejemplar de otro periódico si no se hubiese usado aquél para su publicación

3) Los motivos en que se haga descansar la inconstitucionalidad expresada, citando los artículos pertinentes de la Constitución

4) La petición de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley, decreto o reglamento

5) El lugar y fecha de la demanda, y firma del peticionario o de quien lo hiciere a su ruego. Con la demanda deberán presentarse los documentos que justifiquen la ciudadanía del peticionario”.

Una vez se haya presentado la demanda de inconstitucionalidad con el cumplimiento de los requisitos mencionados anteriormente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia “pedirá informe detallado a la autoridad que haya emitido la disposición considerada inconstitucional, la que deberá rendirlo en el término de diez días, acompañando a su informe, cuando lo crea necesario, las certificaciones de actas, discusiones, antecedentes y demás comprobantes que fundamenten su actuación”, según lo estipula el artículo 7 de este mismo cuerpo normativo.   

* Viviana Carolina Rodrigo Giubasso, estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes (Colombia), apoyó al autor en una primera búsqueda sobre los aspectos procesales para resolver este caso con fundamento en la legislación salvadoreña.

El problema jurídico en este caso consiste en constatar si la disposición legal demandada es acorde a la Constitución salvadoreña y a los tratados internacionales vigentes sobre la materia que ha suscrito

Según el ordenamiento jurídico vigente en El Salvador -al igual que en el caso hipotético- las adopciones de menores de edad solamente pueden ser autorizadas en favor de parejas de conyugues conformadas por un hombre y una mujer. También pueden autorizarse a parejas o uniones de hecho integradas por un hombre y una mujer declaradas judicialmente convivientes, y a personas individuales que cumplan con los requisitos de ley.

La Constitución establece expresamente que las relaciones familiares que resultaren de la unión estable de un varón y una mujer deberán ser reguladas por la ley, por lo que no se permiten en el país las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo. Incluso, un matrimonio celebrado de esta manera adolece de nulidad, según la ley.

Se reconoce en la Constitución la protección de la familia y el derecho a la protección integral de la niñez, y se desarrolla en la legislación secundaria que la responsabilidad prioritaria de garantizar los derechos de la niñez recae preferentemente en los padres y madres, por lo que ninguna de sus disposiciones da lugar a sostener que la representación legal, el cuidado, la guarda o adopción de los niños y niñas, pueda recaer en parejas conformadas por personas del mismo sexo.

La legislación secundaria relativa a las adopciones regula los requisitos, la forma y las condiciones en que se aprobarán por la autoridad competente, con el fin de garantizar el derecho y el interés superior de la niñez a vivir en el seno de una familia, debiéndose asegurar su bienestar y desarrollo integral.

Se determina en la ley, además, que la persona adoptada deberá llevar el primer apellido del padre seguido del primer apellido de la madre; y en caso de la adopción individual, llevará los dos apellidos de la persona adoptante, con lo cual se reafirma que las adopciones solamente proceden en favor de una pareja de conyugues o convivientes que sean integradas por un hombre y una mujer.

Las disposiciones legales que exigen como requisito para la adopción de menores de edad que los adoptantes sean parejas heterosexuales, no son contrarias al principio de igualdad y no discriminación que establece la Constitución y el derecho internacional convencional. Ello es así, porque haciendo una interpretación unitaria de la Constitución, y sistemática del ordenamiento jurídico, incluyendo por supuesto el derecho internacional convencional vigente, se colige que en un caso concreto como el que se plantea, prevalece el interés superior de la niñez y la protección integral de sus derechos fundamentales sobre cualquier otro derecho que se pretenda reivindicar vía justicia constitucional, pero que no está reconocido como tal en el derecho interno ni en el derecho internacional.

Tómese en cuenta que también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, CADH (art. 17) establece que se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia, siempre que cumplan con los requisitos exigidos por las leyes internas de los Estados Partes.

En el ordenamiento jurídico vigente no se ha reconocido el derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio ni a adoptar menores de edad, por lo tanto, no se puede alegar una transgresión de un derecho del cual no se es titular en el país. Por el contrario, la ley prohíbe expresamente este tipo de adopciones.

El principio de igualdad reconocido en la Constitución y en el derecho internacional no puede ser interpretado aisladamente de las demás disposiciones constitucionales y convencionales, sino que debe ser interpretado y aplicado, en cada caso concreto, en armonía con las demás disposiciones aplicables al caso.

En efecto, las disposiciones relativas al principio de igualdad contenidas en el artículo 3 de la Constitución, deben ser interpretadas en consonancia con lo que se establece en los artículos 33 y 35 de la Constitución sobre la protección integral de la niñez, y sobre la forma y requisitos para constituir una familia y formalizar el matrimonio.

De igual forma, debe ser interpretado siguiendo la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, en la que se ha afirmado que de dicho principio se deducen las siguientes obligaciones:

“(i) tratar de manera similar las situaciones jurídicas similares; (ii) tratar de manera diferente las situaciones jurídicas que no comparten ninguna característica común; (iii) tratar de manera igual aquellas situaciones jurídicas en las cuales las similitudes son más relevantes que las diferencias; y (iv) tratar de manera diferente aquellas situaciones jurídicas en las cuales las diferencias son más relevantes que las similitudes. 

Se desprende de lo anterior que, si bien la igualdad se presenta como un mandato de carácter predominantemente formal, su correcta aplicación requiere del intérprete la valoración objetiva de las situaciones jurídicas comparadas, a efecto de determinar si procede, o bien equiparar, o bien diferenciar. Inclusive, existen casos en los cuales se puede justificar constitucionalmente el trato diferenciado, a través de acciones positivas, a fin de lograr la igualdad formal en el plano real; se habla, en ese sentido, de “igualdad material” (Proceso de inconstitucionalidad 57-2011 de 7 de noviembre de 2011).

En el caso planteado, y conforme a lo anterior, no se configura satisfactoriamente el término de comparación a fin de hacer un juicio de igualdad, ya que entre los dos tipos de parejas de personas -homosexuales y heterosexuales-, existen más diferencias que semejanzas; es decir, que las diferencias entre ambas parejas son más intensas que las similitudes, para efectos de hacer una comparación en cuanto a la titularidad en las adopciones de menores de edad, por la misma naturaleza de esta institución y por su regulación en el ordenamiento jurídico salvadoreño, por los derechos fundamentales que están en juego y por los requisitos razonables que se exigen para autorizarlas.

La Sala de lo Constitucional ha sostenido que para que un juicio de igualdad tenga relevancia jurídica no basta con el establecimiento del término de comparación, sino que también “es necesaria la imputación de consecuencias jurídicas a los sujetos comparados como efecto de la igualdad o desigualdad encontrada,” lo cual tampoco se observa en este caso.

El principio de igualdad invocado en este caso debe ser interpretado, además, a la luz de lo que disponen los artículos 17 y 19 de la CADH sobre el derecho a la protección de la familia y al derecho a la protección integral de la niñez, respectivamente.

La CADH (art. 17) dispone que se reconoce el derecho del “hombre y la mujer” a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen las condiciones para ello, las que serán determinadas por la legislación interna de los Estados Partes, en la medida en que tales condiciones no afecten el principio de no discriminación establecido en la Convención. Pero cuando ésta establece el principio de igualdad (art. 24), se refiere a la no discriminación de los derechos reconocidos en la Convención (art. 1), en la cual no se consigna el derecho de las personas del mismo sexo a adoptar, por lo tanto, no se puede invocar este pretendido derecho con base en la CADH, ni alegar el derecho a la no discriminación para acceder a la adopción de niños y niñas.

El principio de igualdad y no discriminación, en el presente caso, debe ser también interpretado en armonía con la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 3), que establece que el interés superior de la niñez debe ser la consideración primordial a tomar en cuenta por los Estados Partes en toda circunstancia.

De igual forma, debe tomarse en cuenta que la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 21) establece que en los procesos de adopción los Estados Partes velarán por que sea autorizada por las autoridades competentes conforme a las leyes internas de los Estados Partes, por lo que en estos casos debe atenderse a los requisitos y condiciones que a este respecto se establezcan legislativamente en cada Estado.

Por lo tanto, y tomando en cuenta lo que dispone la Constitución de El Salvador, su legislación interna y la jurisprudencia constitucional, así como lo establecido en las disposiciones internacionales antes citadas, no es procedente la adopción de niños por parejas del mismo sexo.

No procede, entonces, aplicar en este caso el principio de igualad como base fundamental para resolver favorablemente la demanda de inconstitucionalidad. En consecuencia, no existe una violación al principio de igualdad por motivos de sexo, en el caso específico de las adopciones de menores de edad.

Se justifica, por lo tanto, el trato diferenciado que hace la ley secundaria de El Salvador respecto de las adopciones, ya que en este tipo de casos prevalece el interés superior de la niñez y la protección de sus derechos fundamentales frente a un pretendido derecho que, incluso, no ha sido positivado en el ordenamiento jurídico vigente. La diferenciación que hace la ley es razonable y compatible con la Constitución y con el derecho internacional convencional, por lo que no constituye una discriminación desfavorable.

Por otra parte, la medida legal adoptada y que limita a las parejas homosexuales para adoptar menores de edad, es una medida idónea para lograr el fin legítimo que se persigue, que es el de garantizar, en toda circunstancia, el principio del interés superior y los derechos fundamentales de la niñez, ya que solo por medio de una ley se pueden limitar derechos o prohibir actos que pudieran restringir o afectar derechos y libertades de los demás.

Además, la medida es necesaria para garantizar el pleno desarrollo, la educación y protección integral de la niñez, particularmente desde la primera infancia, y para proteger a la niñez de cualquier afectación a sus derechos frente a terceros.

La medida legal es, por tanto, proporcional a lo que se pretende asegurar, que es el interés superior de la niñez en toda circunstancia, especialmente en los casos de adopciones de menores de edad, por lo que dicha intervención legislativa es razonable y proporcional.

En conclusión, en El Salvador no es procedente la autorización de adopciones a parejas integradas por personas del mismo sexo, por lo que en una hipotética sentencia en un proceso de inconstitucionalidad, se deberá declarar que las disposiciones legales cuestionadas son constitucionales, ya que son conformes y compatibles con las disposiciones y principios constitucionales relativos al régimen de familia, al matrimonio y a la protección integral de la niñez, en relación con lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Anexo

Derecho interno

Constitución de la República

Art. 3. “Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión.”

Art. 32. “La familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico.    

El fundamento legal de la familia es el matrimonio y descansa en la igualdad jurídica de los cónyuges.

El Estado fomentará el matrimonio; pero la falta de éste no afectará el goce de los derechos que se establezcan en favor de la familia.” 

Art. 33. “La ley regulará las relaciones personales y patrimoniales de los cónyuges entre sí y entre ellos y sus hijos, estableciendo los derechos y deberes recíprocos sobre bases equitativas; y creará las instituciones necesarias para garantizar su aplicabilidad. Regulará asimismo las relaciones familiares resultantes de la unión estable de un varón y una mujer.”

Código de Familia

Arts. 11, 12 y 21. Se establece expresamente que el matrimonio, “es la unión legal de un hombre y una mujer”, celebrado en la forma y con los demás requisitos exigidos en el Código, debiendo los cónyuges rendir una declaración jurada de que no tienen impedimentos legales ni están sujetos a prohibición alguna. (arts. 11, 12 y 21).

Art. 90. Se señala en el Código, que si el matrimonio se celebra entre personas del mismo sexo adolece de nulidad absoluta.

Art. 118. El Código reconoce la existencia jurídica de la unión no matrimonial, siempre que se hubiere constituido “por un hombre y una mujer, que sin impedimento legal para contraer matrimonio entre sí hicieren vida en común libremente, en forma singular, continua, estable y notoria, por un período de tres o más años.” 

Arts. 181 y 211. En cuanto a la adopción y la crianza de los hijos, el Código de Familia establece que: “Pueden adoptar en forma conjunta los cónyuges que tengan un hogar estable”; que “el padre y la madre deberán criar a sus hijos con esmero; proporcionarles un hogar estable, alimentos adecuados y proveerlos de todo lo necesario para el desarrollo normal de su personalidad, hasta que cumplan su mayoría de edad;” y que “el padre y la madre, estarán obligados a cuidar de sus hijos desde su concepción.” (art. 211).

Arts. 212, 213 y 223. En cuanto al deber de convivencia entre padres e hijos, a la formación moral y religiosa, y a la representación legal de los hijos, el Código de Familia siempre se refiere expresamente a los padres y madres como sujetos obligados, y no a parejas integradas por personas del mismo sexo.

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia

Art. 7. “Las madres y padres, en condición de equidad, los representantes o responsables de las niñas, niños o adolescentes, funcionarios, empleados e instituciones públicas, organizaciones privadas y la sociedad en general, están obligados a cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley.”

Art. 12. Se reconoce en la Ley el Principio del Interés Superior de la Niñez, en lo relativo a asegurar su desarrollo integral y el disfrute de sus derechos y garantías. 

En la Ley se entiende por interés superior de la niñez, “toda situación que favorezca su desarrollo físico, espiritual, psicológico, moral y social para lograr el pleno y armonioso desenvolvimiento de su personalidad.” 

Según la Ley, la madre y el padre tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo de la niñez, y que incumbe a éstos, o en su caso, a los representantes legales, la responsabilidad primordial de su crianza y desarrollo. Establece también que el Estado deberá garantizar el interés superior de la niñez.  

Para ponderar el principio del interés superior en situaciones concretas, según la Ley, se deben considerar, entre otros, los siguientes elementos: la condición de sujeto de derechos de los niños y niñas; la no afectación del contenido esencial de sus derechos; el bienestar espiritual, físico, psicológico, moral, material y social de la niñez; el parecer del padre y madre o de quienes ejerzan la representación legal; la opinión de los niños y niñas, según las etapas de su desarrollo evolutivo; y que las decisiones que se tomen respecto de ellos sean las que garanticen de mejor forma sus derechos.  

Art. 73, 78 y 79. Se reconoce en la Ley el derecho a la identidad de las niñas y los niños, la cual está constituida por el nombre, la nacionalidad y por su relación paterna y materna. También se reconoce el derecho a conocer a su madre y a su padre, y ser criados por ellos, a menos que sea contrario a su interés superior; y a mantener relaciones personales con su madre y su padre, que favorezca el desarrollo de su personalidad.

Art. 128. En cuanto a la adopción de niños acogidos temporalmente por una familia se establece que ésta tendrá una opción prioritaria para la adopción, siempre que cumplan con los requisitos legales y en respeto del interés superior de la niñez.

Ley Especial de Adopciones

Art. 1. “El objeto de la Ley es regular las adopciones, como una institución que garantiza el derecho y el interés superior de la niñez a vivir y desarrollarse en el seno de una familia, asegurando su bienestar y desarrollo integral.”

Esta ley, de reciente adopción (2016), establece claramente que la adopción conjunta,  “solamente puede ser solicitada por cónyuges no separados y por parejas conformadas por un hombre y una mujer así nacidos y declarados judicialmente convivientes (art. 11).

Art. 16. Según la ley, “la persona adoptada llevará el primer apellido del padre seguido del primer apellido de la madre; y en caso de la adopción individual, llevará los dos apellidos de la persona adoptante. En el caso de la adopción de la hija o hijo del cónyuge o conviviente, la persona adoptada usará como primer apellido, el primero del padre adoptante o padre consanguíneo, y como segundo apellido, el primero de la madre consanguínea o adoptiva.”

Derecho internacional

Principios y disposiciones aplicables al caso: 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, CADH, (arts. 1 y 24), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2 y 26), reconocen el derecho de igualdad ante la ley y a la no discriminación por motivos de sexo.

Asimismo, la CADH (art. 17) y el Pacto (art. 23), reconocen el derecho de protección a la familia, y el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia en las condiciones requeridas para ello por las leyes internas. 

El Protocolo de San Salvador (art. 15) también reconoce el derecho de protección a la familia y el derecho de toda persona de constituir una familia, el cual se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en la legislación interna de cada país.

La CADH (art. 19) y el Pacto (art. 24) reconocen el derecho a la protección integral de la niñez.  El Protocolo de San Salvador (art. 16), además, establece que todo niño debe crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; y que, salvo circunstancias excepcionales reconocidas judicialmente, todo niño de corta edad no debe ser separado de su madre.  

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 10) reconoce el derecho de protección a la familia y a la niñez.

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el Principio del Interés Superior de la Niñez (art. 3); el derecho de los niños a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos (art. 7); y el derecho a la preservación de su identidad personal, incluidas las relaciones familiares (art. 8). En cuanto a la adopción, la Convención hace énfasis en que los Estados Partes cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial en estos casos (art. 21).

La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó en 1986 la Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativos a la Protección y el Bienestar de los Niños, con particular referencia a la Adopción y la colocación en Hogares de Guarda, en los Planos Nacional e Internacional. En dicha Declaración, la ONU afirmó que los niños y las niñas, como primera prioridad, deben ser cuidados por sus propios padres, y crecer al amparo y bajo la responsabilidad de ellos, en un ambiente de seguridad moral y material; y que en todos los procesos de adopción, los intereses de la niñez deberá ser la consideración fundamental.

Jurisprudencia constitucional.

INC. 56-2015 de 31 de enero de 2018, en relación con el proceso de inconstitucionalidad INC. 33-2015 de 24 de noviembre de 2017.

También puede consultarse el proceso de inconstitucionalidad INC 18-2018 de 11 de enero de 2019.

La Asamblea Legislativa aprobó el Acuerdo Legislativo N° 2, de 16 de abril de 2015, mediante el cual se iniciaba el proceso de reforma constitucional de ciertas disposiciones relacionadas con el matrimonio y la adopción.

La demanda fue declarada improcedente, aplicando la jurisprudencia ya establecida en el proceso INC. 33-2015, por motivos de forma, ya que no se respetaron los procedimientos ni se cumplieron los requisitos para formalizar las reformas constitucionales.

Para la Sala, “la Asamblea Legislativa no puede omitir la fase informativa de un decreto de reforma constitucional. Por tanto, la citada autoridad no puede emitir decretos de reforma constitucional que inobserven alguna de las fases del proceso de reforma constitucional y específicamente la fase informativa. Entonces, el decreto de reforma constitucional  impugnado no es susceptible de ratificación por la Asamblea Legislativa”.

La Sala, por lo tanto, no decidió sobre las cuestiones de fondo o contenido, por lo que no se cuenta en el país con jurisprudencia constitucional sobre la procedencia o no del matrimonio entre personas del mismo sexo, ni sobre la adopción de menores de edad por una pareja conformada por estas personas.

No obstante, del texto del Acuerdo de reformas constitucionales se colige la posición de los legisladores salvadoreños sobre estos temas, por lo que se transcriben a continuación.

El texto aprobado en el Acuerdo de reformas constitucionales es el siguiente:

“Art. 32. Se reconoce a la familia como la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico. El fundamento legal de la familia es el matrimonio y descansa en la igualdad jurídica de los cónyuges. Serán hábiles para contraer matrimonio entre ellos el hombre y la mujer, así nacidos, que cumplan con las condiciones establecidas por la Ley. Los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados o reconocidos bajo las Leyes de otros países, y otras uniones que no cumplan con las condiciones establecidas por el orden jurídico salvadoreño, no surtirán efecto en El Salvador. El Estado fomentará el matrimonio; pero la falta de este no afectará el goce de los derechos establecidos por la Ley’”. 

“Art. 33. La Ley regulará las relaciones personales y patrimoniales entre los cónyuges y entre ellos y sus hijos, estableciendo los derechos y deberes recíprocos sobre bases equitativas; y creará las instituciones necesarias para garantizar su aplicabilidad. Regulará, asimismo, las relaciones resultantes de la unión estable de un hombre y una mujer, así nacidos, y que no tengan impedimento para contraer matrimonio”. 

“Art. 34. Todo menor tiene derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral, para lo cual tendrá la protección del Estado. Se reconoce la adopción como una institución, cuyo principio rector será el interés superior del adoptado. Estarán habilitadas para adoptar las personas que cumplan con las condiciones que la Ley establezca. Se prohíbe la adopción por parejas de un mismo sexo. La Ley determinará los deberes del Estado y creará las instituciones para la protección de la maternidad y de la infancia”.