Solución El Salvador caso 5

Curso virtual de DDHH – Caso 5
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(Acceso al mínimo vital de agua)
Aspectos procesales* y solución de fondo

El Salvador
Realizado por: Florentín Meléndez

1. Tipo de acción

 Para este caso se determina que aplica el habeas corpus.

2. La competencia del Tribunal o Corte para conocer el caso

 La competencia para conocer y resolver los procesos de  habeas corpus se otorga a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, según lo dispuesto por el artículo 11 y 174 constitucional.

Asimismo, el artículo 247 de la Constitución de la República de El Salvador establece que “El habeas corpus puede pedirse ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia o ante las Cámaras de Segunda Instancia que no residan en la capital. La resolución de las Cámaras que denegare la libertad del favorecido podrá ser objeto de revisión, a solicitud del interesado, por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.”

 3. El reclamante

 El señor A, recluso de la penitenciaría de máxima seguridad de la ciudad X, a quien se le está vulnerando el derecho a acceder al agua potable.

 4. El objeto del habeas corpus

 De acuerdo al fallo 513-2012 del 15 de diciembre de 2014 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de el Salvador, el derecho al agua se encuentra circunscrito interpretativamente al derecho al medio ambiente, en conexidad con los derechos a la vida y a la salud, contenidos en los artículos 2 inciso 1 y 65 inciso 1 de la Constitución. En dicho fallo, el Alto Tribunal reconoció que la acción de amparo era procedente siempre que exista una relación entre el derecho al agua y los demás derechos constitucionales ya mencionados.

Así las cosas, el objeto del  habeas corpus en el presente caso es la presunta vulneración del derecho del goce al medio ambiente, la vida y a la salud, como consecuencia de la restricción de 10 litros de agua diarios que fue impuesta por parte de la Alcaldía Local de la ciudad X, la Autoridad Nacional Penitenciaria y el Ministerio de Justicia de la Nación.

 5. La legitimación del demandante

 La Constitución establece que el habeas corpus procede contra todo tipo de detenciones ilegales y arbitrarias, y contra actos lesivos de la dignidad humana o de la integridad física, psíquica o moral de las personas detenidas (art. 11 Cn.).

6. El agotamiento de la vía jurídica ordinaria

 En este caso no es requerido agotar la vía jurídica ordinaria, por cuanto el habeas corpus es una

 7. La forma y el plazo para la admisibilidad de la acción

 Según el artículo 40 de la Ley de Procedimientos Constitucionales En todos los casos, sean cuales fueren, en que exista prisión, encierro, custodia o restricción que no esté autorizado por la ley, o que sea ejercido de un modo o en un grado no autorizado por la misma, la parte agraviada tiene derecho a ser protegida por el auto de exhibición de la persona.

Y según el Art. 41:

El auto de exhibición personal puede pedirse por escrito presentado directamente a la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia o a la Secretaría de cualquiera de las Cámaras de Segunda Instancia que no residan en la capital o por carta o telegrama, por aquél cuya libertad esté indebidamente restringida o por cualquiera otra persona. La petición debe expresar, si fuere posible, la especie de encierro, prisión o restricción que sufre el agraviado; el lugar en que lo padece y la persona bajo cuya custodia está solicitándose que se decrete el auto de exhibición personal y jurando que lo expresado es verdad.

 * Viviana Carolina Rodrigo Giubasso, estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes (Colombia), apoyó al autor en una primera búsqueda sobre los aspectos procesales para resolver este caso con fundamento en la legislación salvadoreña.

El caso planteado se refiere a las condiciones carcelarias y a la limitación de derechos fundamentales de personas privadas de libertad, debido a la escasez de agua en la región donde está ubicado el centro penitenciario, lo cual no solo afecta a los reclusos sino también a los habitantes de la comunidad.

Es necesario aclarar previamente que por este hecho producido por la naturaleza no puede deducirse -prima facie- responsabilidad directa al Estado, ya que los efectos no provienen de actos de autoridad; pero sí podría deducirse dicha responsabilidad por actuaciones negligentes o por la omisión de adoptar medidas eficaces para resolver o minimizar los efectos de la problemática en las personas privadas de libertad, ya que están a cargo y bajo la responsabilidad del Estado.

El marco de protección constitucional de los derechos alegados en el caso está compuesto por los artículos 2, 11 y 27 de la Constitución de la República de El Salvador. Así, el artículo 2 prescribe que “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la libertad y posesión, y a ser protegidas en la conservación y defensa de los mismos.” El artículo 11, inciso segundo, dispone que “La persona tiene derecho al habeas corpus cuando cualquier individuo o autoridad restrinja ilegal o arbitrariamente su libertad. También procederá el habeas corpus cuando cualquier autoridad atente contra la dignidad o integridad física, psíquica o moral de las personas detenidas.” Y el 27: “El Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos.”

Además, en El Salvador existen precedentes en la justicia constitucional en los procesos de habeas corpus relacionados con las condiciones carcelarias, en los que se ordenó proteger a las personas privadas de libertad en condiciones de hacinamiento, insalubridad y con precarios servicios básicos. En estos casos, se ordenaron medidas con efectos generales y obligatorios para ser acatadas en todas las prisiones y centros penitenciarios del país, y no solo en favor de los privados de libertad en los centros de detención objeto de la demanda. En su decisión del ámparo 513-2012, del 15 de diciembte de 2014, la Sala de lo Constitucional sostuvo que:

“…el derecho al medio ambiente (art. 117 Cn.), en relación con los derechos a la vida y a la salud (art. 2 inc. 1° y 65 inc. 1° Cn.), permite interpretativamente la adscripción del derecho de toda persona a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.

 La disponibilidad del agua hace referencia a su abastecimiento continuo en cantidad suficiente para el uso personal y doméstico. La cantidad disponible de agua debe ser acorde con las necesidades especiales de algunas personas, derivadas de sus condiciones de salud, el clima en el que viven y las condiciones de trabajo, entre otros.”

También precisó que:

“El agua tiene un especial interés constitucional tomando en consideración su carácter vital. Por ello del art. 106 de la Cn. se colige que el aprovisionamiento de agua también es un asunto de interés público. Tal interés se ve, asimismo, reflejado en la legislación secundaria, pues todos los accidentes geográficos contentivos de agua, tales como ríos, lagos y lagunas, son calificados de "bienes nacionales de uso público" cuyo disfrute pertenece a todos los habitantes sin distinción (art. 576 inc. 1° Código Civil).”

La Sala ha considerado que el agua potable es un bien nacional de uso público y cumple una finalidad fundamental, pues es un elemento esencial para la vida humana, por lo que el acceso libre, gratuito e igualitario al agua de parte de la colectividad, no debe ser obstaculizado ni puesto en peligro.

 En el proceso de habeas corpus 119-2014 acumulado, del 27 de mayo de 2016, relativo a las condiciones carcelarias en el país, la Sala ha sostenido que debido al hacinamiento en las prisiones:

“los bienes esenciales para una vida digna -entre ellos agua, luz y aire-, escasean, sobre todo en países que no cuentan con suficientes recursos, y si las personas se mantienen en dicha situación por tiempos prolongados puede llegar a niveles en los que incidiría negativamente en la salud física y mental. Incluso la alimentación puede resultar desmejorada debido a la imposibilidad estatal de proporcionar una adecuada para tantos internos, con el consecuente deterioro de su salud e integridad. Pero el ambiente que genera el encierro carcelario en tales condiciones también puede desatar actos de violencia física, psíquica o moral entre los mismos reclusos y hacia el personal penitenciario. El hacinamiento podría convertirse, entonces, en un detonante de actuaciones violentas que, para ser evitadas o reprimidas requerirán mayores esfuerzos de funcionarios y empleados a cargo.”

También argumentó que dicha situación:

“es un factor que podría perjudicar la salud mental de los detenidos. Debe recordarse que no estamos hablando de un simple exceso en el número de privados de libertad que pueden permanecer en un centro o en una celda específica, sino de una superioridad tal que impide el desarrollo de una vida digna de manera que, por sí mismo, es capaz de amenazar gravemente o lesionar la integridad física, psíquica y moral de éstos.”

Por lo tanto, siguiendo los precedentes, el proceso constitucional idóneo es el habeas corpus, ya que se trata de personas privadas de su libertad en condiciones no compatibles con la dignidad humana.

En este tipo de situaciones en que se ven afectadas las personas privadas de libertad por la escasez de agua, las autoridades a cargo del centro penitenciario y los funcionarios titulares del ramo están en la obligación de tomar las medidas que sean necesarias para enfrentar los efectos de la naturaleza en el disfrute de los derechos esenciales de los reclusos, como el derecho de acceso al agua potable, que está vinculado con los derechos fundamentales a la vida digna, la salud, la alimentación y el derecho a la integridad personal.

Frente al derecho al agua en relación con el derecho a la vida digna, al derecho a la salud y a la alimentación, también hay jurisprudencia aplicable al caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En tal sentido ha sostenido que, “[l]as afectaciones especiales del derecho a la salud, e íntimamente vinculadas con él, las del derecho a la alimentación y el acceso al agua limpia impactan de manera aguda el derecho a una existencia digna y las condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho a la educación o el derecho a la identidad cultural” (caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, Sentencia del 17-VI-2005, párr. 167).

En cuanto a la disponibilidad de agua potable en las prisiones la Corte señaló que,

“la ausencia de las condiciones mínimas que garanticen el suministro de agua potable dentro de un centro penitenciario constituye una falta grave del Estado a sus deberes de garantía hacia las personas que se encuentran bajo su custodia, toda vez que las circunstancias propias del encierro impiden que las personas privadas de libertad satisfagan por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna, tales como el acceso a agua suficiente y salubre” (Caso Vélez Loor contra Panamá, Sentencia del 23-XI-2010, párrafo. 216).

La Corte se ha referido también a las condiciones carcelarias y al hacinamiento en las prisiones, entre otros, en los casos Lori Berenson contra Perú; Pacheco Teruel y otros contra Honduras; Tibi contra Ecuador; Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay; y Boyce contra Barbados.[1]

 Habría que considerar que la situación de los reclusos es más apremiante que la de las personas que viven en libertad -en cuanto a los efectos de la escasez de agua-, dada la privación de su libertad ambulatoria, lo cual les impide buscar por otros medios posibles el acceso al agua, tal como sí pueden hacerlo los miembros de la comunidad, por lo que se les debe garantizar el acceso a este servicio esencial, dentro de las limitaciones existentes, en condiciones de igualdad y no discriminación con el resto de habitantes de la localidad.

[1] Hay otra serie de instrumentos de derecho internacional que deben ser tenidos en cuenta para la solución de este caso, cuyos artículos aplicables respectivos se incluyen en el anexo (ver más abajo): Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión; las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos; la Resolución No. 64/292, adoptada en la 108ª Sesión Plenaria del 28-VII-2010 de la Asamblea General de Naciones Unidas y la Resolución No. 15/9 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, adoptada en la 31ª Sesión del 30-IX-2010.

No pueden privilegiarse, por tanto, los derechos de los miembros de la comunidad en perjuicio de los derechos de los privados de libertad, ya que el acceso a los servicios básicos y esenciales para la vida humana y para la supervivencia les corresponden a todos por igual.

Es procedente, entonces, conocer y decidir el caso en la jurisdicción constitucional, debiendo adoptarse desde el inicio, tras la admisión de la demanda, las medidas cautelares pertinentes a fin de evitar que se agrave más la situación humanitaria en el centro penitenciario.

Entre las medidas cautelares se podrían contemplar la orden de abastecer de agua al centro penitenciario en la cantidad mínima indispensable que se requiere, según el número de reclusos y de personal penitenciario, para cubrir las necesidades básicas diarias, en la misma proporción que se dispone para los habitantes de la comunidad en los momentos de sequía.  

Durante la tramitación del proceso podría conocerse más a fondo la problemática que se presenta en el centro penitenciario, en los demás centros de detención de la localidad y en la región afectada, así como los efectos ocasionados en la población reclusa y en los habitantes y conocer, además, las posibles alternativas de solución que planteen las autoridades demandadas.

Recibida la información sobre la problemática ocasionada por los efectos de la naturaleza, así como las pruebas sobre la actitud negligente y omisiva de las autoridades penitenciarias para resolverla o para minimizar el impacto en los derechos de los reclusos, lo procedente sería dictar una sentencia estimatoria en la que se determine la responsabilidad por omisión de las autoridades a cargo del centro penitenciario, por violación al derecho a la integridad personal, a la salud y a la vida digna en condiciones de privación de libertad, y por violación al derecho de igualdad, ya que tratándose de este servicio básico relacionado con derechos fundamentales, debe ser garantizado equitativamente respecto a los demás habitantes de la comunidad.

La decisión de fondo en el proceso de habeas corpus, entonces, sería favorable al demandante, pero la sentencia tendría efectos generales y obligatorios en favor de toda la población privada de libertad en el centro penitenciario en cuestión y en los demás centros carcelarios de la región afectada, por lo que el fallo deberá ser acatado por los funcionarios y autoridades penitenciarias y carcelarias de la región.

Entre los efectos generales de la sentencia se pueden considerar los siguientes:

a) Las autoridades responsables del abastecimiento de agua en la zona afectada deberán garantizar el acceso de agua al centro penitenciario y a los demás centros de detención, en la cantidad mínima indispensable que se requiere, según el número de internos, para cubrir las necesidades básicas diarias, en la misma proporción per-cápita que se dispone para los habitantes de la comunidad en los momentos de sequía.

b) La Dirección General de Centros Penales deberá ordenar que se realice urgentemente un estudio sobre la disponibilidad de espacios en otros centros de máxima seguridad, a fin de hacer posible el traslado de algunos reclusos, especialmente, de los adultos mayores y de los que tuvieren alguna enfermedad o discapacidad, y disminuir así el número de internos en la zona afectada por la sequía.

Deberá, además, definir la cantidad de plazas disponibles en cada centro penitenciario de máxima seguridad, conforme a los estándares en materia habitacional, así como la tasa de ocupación real de cada centro, información que deberá ser del conocimiento público, de los reclusos y del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a fin de que se tomen progresivamente las medidas apropiadas para evitar el hacinamiento. 

c) En la sentencia se deberá prohibir el ingreso de nuevos internos en dicho centro penitenciario hasta que se resuelva de manera estable la problemática de abastecimiento de agua en la región.

d) Los jueces de ejecución de la pena deberán hacer una revisión urgente de los casos sujetos a libertad condicional y resolverlos sin retardo, de conformidad con la ley, e informar al tribunal sobre lo resuelto.

e) Los jueces en materia penal, en los casos de privados de libertad en otros centros de detención que no estuvieren sujetos a un régimen de máxima seguridad, deberán proceder a decretar las medidas cautelares alternativas o sustitutivas de la prisión que procedan, de conformidad con la ley, debiendo informar al tribunal sobre lo resuelto en estos casos.

El cumplimiento de la sentencia será objeto de seguimiento por parte del tribunal, a través de informes de cumplimiento y de audiencias públicas.

Ley penitenciaria.

Reubicaciones de Urgencia

Art. 25. Para mantener el orden, la seguridad en el centro penal, la del interno mismo, o cuando se presentaren o surgieren situaciones como las mencionadas en el art. 23 de la presente ley, los directores de establecimientos penitenciarios o la dirección general de centros penales, en su caso, podrán disponer en forma preventiva y temporal la reubicación de uno o varios internos por razones de urgencia, garantizándoles sus derechos; esto deberá comunicarse al juez de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena o al competente en su caso, dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas. la medida se mantendrá hasta que el consejo criminológico regional se reúna y resuelva lo que corresponda sobre esa reubicación, lo que deberá hacerse en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Arresto domiciliario

Art. 62. Corresponde al Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, a través del Departamento de Prueba y Libertad Asistida, controlar el cumplimiento de la pena de arresto domiciliario.

El inicio de la ejecución se computará a partir del primer día de permanencia del condenado en su residencia, sin salir injustificadamente de la misma.

Si el condenado incumple, el Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena ordenará la ejecución del resto de la condena en el establecimiento penitenciario de su domicilio o que se encuentre cercano a éste.

Excepcionalmente esta pena podrá cumplirse en el lugar que determine el Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena.

Para garantizar el cumplimiento de esta pena, el Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena será auxiliado por la Policía Nacional Civil.

Traslados

Art. 91. Los traslados, de cualquier naturaleza, deberán hacerse en forma tal que se respete la dignidad de los internos, los derechos humanos de éstos y la seguridad de la conducción. el traslado será notificado de inmediato a los familiares o a la persona allegada que figure en el expediente del interno. y no podrán ser nocturnos, salvo autorización expresa del juez competente.

Cuando los traslados sean solicitados por los internos, éstos serán autorizados por el director general de centros penales, previo dictamen favorable del equipo técnico criminológico.

En aquellos casos que el director del centro penitenciario tenga indicios que algún interno pueda causar actos de desestabilización en el centro penitenciario, que pertenezca a alguna organización proscrita por la ley, que tome parte en actividades vinculadas con hechos delictivos, al interior o fuera del centro penitenciario, o que exista un riesgo para su vida o integridad física o la de otros, informará dicha situación al director general de centros penales, quién autorizará su traslado a otro centro penitenciario.

En ambos casos, la decisión será comunicada al juez de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena, o al juez de la causa, según el caso, y al consejo criminológico regional del centro penitenciario a donde se realice el traslado.

Derecho internacional.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Art. 10.1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. (CIDH)

Principio I. Trato humano.

Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

En particular, y tomando en cuenta la posición especial de garante de los Estados frente a las personas privadas de libertad, se les respetará y garantizará su vida e integridad personal, y se asegurarán condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad.

Principio XI. Alimentación y agua potable.

1. Alimentación

Las personas privadas de libertad tendrán derecho a recibir una alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene, a una nutrición adecuada y suficiente, y tome en consideración las cuestiones culturales y religiosas de dichas personas, así como las necesidades o dietas especiales determinadas por criterios médicos. Dicha alimentación será brindada en horarios regulares, y su suspensión o limitación, como medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley.

2. Agua potable

Toda persona privada de libertad tendrá acceso en todo momento a agua potable suficiente y adecuada para su consumo. Su suspensión o limitación, como medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley.

Principio XII.

2. Condiciones de higiene

Las personas privadas de libertad tendrán acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes, que aseguren su privacidad y dignidad. Asimismo, tendrán acceso a productos básicos de higiene personal, y a agua para su aseo personal, conforme a las condiciones climáticas.

Principio XVII.

Medidas contra el hacinamiento

La autoridad competente definirá la cantidad de plazas disponibles de cada lugar de privación de libertad conforme a los estándares vigentes en materia habitacional. Dicha información, así como la tasa de ocupación real de cada establecimiento o centro deberá ser pública, accesible y regularmente actualizada. La ley establecerá los procedimientos a través de los cuales las personas privadas de libertad, sus abogados, o las organizaciones no gubernamentales podrán impugnar los datos acerca del número de plazas de un establecimiento, o su tasa de ocupación, individual o colectivamente. En los procedimientos de impugnación deberá permitirse el trabajo de expertos independientes.

La ocupación de establecimiento por encima del número de plazas establecido será prohibida por la ley. Cuando de ello se siga la vulneración de derechos humanos, ésta deberá ser considerada una pena o trato cruel, inhumano o degradante. La ley deberá establecer los mecanismos para remediar de manera inmediata cualquier situación de alojamiento por encima del número de plazas establecido. Los jueces competentes deberán adoptar remedios adecuados en ausencia de una regulación legal efectiva.

Verificado el alojamiento de personas por encima del número de plazas establecido en un establecimiento, los Estados deberán investigar las razones que motivaron tal situación y deslindar las correspondientes responsabilidades individuales de los funcionarios que autorizaron tales medidas. Además, deberán adoptar medidas para la no repetición de tal situación. En ambos casos, la ley establecerá los procedimientos a través de los cuales las personas privadas de libertad, sus abogados, o las organizaciones no gubernamentales podrán participar en los correspondientes procedimientos.

Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. (Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988).

 Principio 1

Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

 Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. (Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977).

Locales destinados a los reclusos.

9. 1). Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados más que por un solo recluso. Si por razones especiales, tales como el exceso temporal de población carcelaria, resultara indispensable que la administración penitenciaria central hiciera excepciones a esta regla, se deberá evitar que se alojen dos reclusos en cada celda o cuarto individual. 2) Cuando se recurra a dormitorios, éstos deberán ser ocupados por reclusos cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para ser alojados en estas condiciones. Por la noche, estarán sometidos a una vigilancia regular, adaptada al tipo de establecimiento de que se trate.

10. Los locales destinados a los reclusos y especialmente a aquellos que se destinan al alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias de la higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación.

11. En todo local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar: a) Las ventanas tendrán que ser suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar con luz natural; y deberán estar dispuestas de manera que pueda entrar aire fresco, haya o no ventilación artificial; b) La luz artificial tendrá que ser suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar sin perjuicio de su vista.

12. Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente.

13. Las instalaciones de baño y de ducha deberán ser adecuadas para que cada recluso pueda y sea requerido a tomar un baño o ducha a una temperatura adaptada al clima y con la frecuencia que requiera la higiene general según la estación y la región geográfica, pero por lo menos una vez por semana en clima templado.

14. Todos los locales frecuentados regularmente por los reclusos deberán ser mantenidos en debido estado y limpios.

Higiene personal.

15. Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza.

16. Se facilitará a los reclusos medios para el cuidado del cabello y de la barba, a fin de que se presenten de un modo correcto y conserven el respeto de sí mismos; los hombres deberán poder afeitarse con regularidad.

Asamblea General de Naciones Unidas.

En la Resolución No. 64/292, adoptada en la 108ª Sesión Plenaria del 28-VII-2010, reconoció que, "el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos."

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En la Resolución No. 15/9, adoptada en la 31ª Sesión del 30-IX-2010, afirmó que, "el derecho humano al agua potable y el saneamiento se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado y está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, así como al derecho a la vida y la dignidad humana."

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Comisión Interamericana, en el “Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, publicado el 31 de diciembre de 2011, al referirse a las condiciones carcelarias y al hacinamiento en las prisiones de la región, señaló que: “El derecho a la integridad personal de los presos también puede verse vulnerado por las graves condiciones de reclusión en las que se les mantiene. En este sentido, el hacinamiento, genera una serie de condiciones que son contrarias al objeto mismo de la privación de libertad como pena. El hacinamiento, aumenta las fricciones y los brotes de violencia entre los reclusos, propicia la propagación de enfermedades, dificulta el acceso a los servicios básicos y de salud de las cárceles, constituye un factor de riesgo para la ocurrencia de incendios y otras calamidades, e impide el acceso a los programas de rehabilitación, entre otros graves efectos. Este problema, común a todos los países de la región es a su vez la consecuencia de otras graves deficiencias estructurales, como el empleo excesivo de la detención preventiva, el uso del encarcelamiento como respuesta única a las necesidades de seguridad ciudadana y la falta de instalaciones físicas adecuadas para alojar a los reclusos”.