La importancia de la paridad de género en los espacios de toma de decisiones

Por: Verónica Gómez y Ágatha Ciancaglini Troller

Actualmente, es habitual encontrar espacios de toma de decisiones donde las mujeres están ausentes o subrepresentadas. Hoy en día, sólo ocupan el 24,9% de las bancas de los parlamentos del mundo, el 20,5% de sus presidencias y el 25,3% de las vicepresidencias.

Se trata de una realidad que vulnera derechos políticos -en particular, la posibilidad de intervenir e incidir en la configuración de las decisiones estatales- y contrasta con la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que identifica a los bajos niveles de participación femenina como uno de los principales obstáculos a la hora de alcanzar la igualdad de género.

Frente a ese escenario, los sistemas de cuotas se plantean con el objetivo de asegurar la presencia efectiva de las mujeres en ámbitos de poder de los que han sido históricamente excluidas, estableciendo un piso mínimo y crítico del 30%, 40% o incluso una representación paritaria.

Argentina fue pionera en América Latina al instituir el cupo femenino en 1991. Su implementación a través de la Ley 24.012 promovió un incremento progresivo de la cantidad de bancas de diputadas llevándola del 5% que era en entonces, al 39% en 2018-2019. No obstante, resultó insuficiente debido a barreras difíciles de superar, algunas institucionales vinculadas con los sistemas electorales y otras relativas a cuestiones propias de la cultura política partidaria.

Esas restricciones abrieron un debate sobre la paridad de género que, en 2017, derivó en la aprobación de la Ley 27.412, cuyo articulado impone que las listas presentadas para la elección de los órganos legislativos nacionales y regionales estén integradas por mujeres y varones de manera intercalada, además del respeto al principio paritario por parte de las conducciones partidarias. Justamente, uno de los fundamentos que se empleó para su reglamentación, a través del Decreto 171/2019, fue la necesidad de garantizar por medio de acciones positivas, la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios, consagrada en el artículo 37 de la Constitución Argentina y en el artículo 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

En general, los procesos de renovación de autoridades de los distintos partidos políticos que han tenido lugar en el orden nacional cumplieron con las disposiciones de la Ley 27.412 que, profundizando el recorrido iniciado en la década del ‘90, también contribuyó a la visibilización de las mujeres en la esfera legislativa.

Sin embargo, ese avance normativo no se ha reflejado en una composición parlamentaria paritaria y la participación de mujeres en la Cámara de Diputados todavía no supera el 41% Además, persisten los impedimentos que obturan la inclusión de mujeres en puestos no comprendidos en la Ley, como el encabezado de las listas o los cargos ejecutivos más importantes.

La mayoría de los partidos políticos nacionales y distritales tienen presidentes o secretarios generales varones. Del mismo modo, quince de los dieciocho bloques que funcionan en la Cámara de Diputados y nueve de los doce existentes en el Senado son conducidos por varones y, en todos los casos, aquellos presididos por mujeres son unipersonales.

Las mujeres también constituyen una clara minoría dentro de los gabinetes de las administraciones nacionales y locales, siendo un fenómeno que se repite sin distinción de filiaciones ideológicas o políticas. Tanto la gestión del Poder Ejecutivo Nacional que, entre 2015-2019, designó sólo a tres ministras sobre una treintena de nombramientos ministeriales como el gabinete del actual Gobierno Nacional conformado por diecisiete varones y cuatro mujeres, son una muestra de la sub representación de mujeres en estos espacios.

Por otro lado, la distribución marcadamente inequitativa de las responsabilidades de cuidado en los hogares tensiona con los niveles de autonomía que las mujeres logran al incorporarse en el mundo laboral y la función pública. Sus carreras profesionales, en general y en particular, sus trayectorias políticas se enfrentan constantemente con las limitaciones impuestas por la vida familiar.

Esta división sexual del trabajo se reproduce hacia el interior de los partidos políticos donde es usual que se hagan cargo de la atención de los locales o las relaciones con la comunidad, mientras los varones asumen casi con exclusividad la elaboración del discurso político, las estrategias electorales y la interrelación con otras fuerzas. También las instituciones estatales acostumbran a relegarlas de la discusión de los temas atinentes a la economía, el trabajo, la infraestructura o la defensa nacional, reservando para ellas áreas como el desarrollo social, la educación, la salud, la familia o la niñez, relacionadas con los roles estereotipados tradicionalmente asignados a las mujeres.

En el contexto de emergencia generado por el covid-19, el cuadro de situación descripto volvió a quedar lamentablemente expuesto a partir de la ausencia de líderes y representantes femeninas en la mayoría de los espacios donde están diseñándose respuestas estatales que no terminan de atender los efectos diferenciados que la crisis tiene en la vida de varones y mujeres.

La pandemia golpea con más fuerza a las mujeres que, en Argentina - como en otros países de la región - están sobrerrepresentadas entre los sectores de menores ingresos y se ven especialmente afectadas por la informalidad laboral que aumenta sus chances de padecer recortes salariales o perder el empleo. Asimismo, el aislamiento obligatorio decretado por las autoridades nacionales puede incrementar el riesgo de sufrir situaciones de violencia de género ya que facilita el ejercicio del control por parte de los agresores. A su vez, pone sobre las espaldas femeninas una carga mayor de labores de cuidado y tareas del hogar debido a la suspensión de las clases escolares. Por otra parte, las mujeres que se dedican a la academia ven notoriamente reducido su tiempo para la elaboración de artículos, a diferencia de los varones que aumentaron sus producciones.

Claro que es alentador que el abordaje de las dimensiones sanitarias de la pandemia en Argentina esté a cargo de una reconocida médica infectóloga, que es responsable de coordinar el comité de especialistas conformado por el Ministerio de Salud, donde la presencia de expertas es significativa. Pero es un hecho que, al mismo tiempo, puede atribuirse al reparto sexualizado de roles antes mencionado porque las cosas cambian y mucho cuando se repasan los ámbitos de decisión, negociación y difusión de las medidas socioeconómicas.

Los funcionarios varones han prevalecido en las delegaciones oficiales que acompañaron al Presidente de la Nación a los encuentros con actores de los distintos sectores de actividad para acordar estrategias de recuperación y lo han secundado a la hora de realizar los anuncios más importantes. Las reuniones con representantes de las gobernaciones, intendencias y autoridades parlamentarias tuvieron la misma impronta masculina debido a que esos lugares son ocupados casi en su totalidad por hombres. Como contrapartida, los esfuerzos del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad dieron lugar a acciones focalizadas y no llegaron a impregnar integralmente la gestión de la crisis. Hasta la fecha de este artículo, su titular no había sido parte de las reuniones de seguimiento interministerial o gabinete económico - social que trascendieron públicamente.

A fin de no agravar las marcadas desigualdades preexistentes, creemos que los planes frente al covid-19 deben incorporar, además de un enfoque transversal de derechos humanos, la perspectiva de género para realizar un análisis del impacto diferenciado de las medidas entre varones y mujeres. Además, incluir las opiniones, experiencias y preocupaciones de las mujeres es indispensable para ofrecer salidas efectivas a la emergencia.  En definitiva, la participación igualitaria de las mujeres en los mecanismos de respuesta a la pandemia es importante por razones de igualdad, justicia y democracia. No es un dato menor que algunos de los países que están combatiendo la crisis de forma positiva sean liderados por mujeres.