Brecha entre el derecho a la salud, libre mercado y crisis sanitaria en Colombia

Por: Daniela Montaño Gil

La crisis global derivada de la pandemia de Covid-19 ha impactado los diferentes sistemas de los países que confluyen e interactúan constantemente: los sistemas social, económico y político. Para hacer frente a la Covid-19, los gobiernos de diferentes países en el mundo han optado por decretar medidas excepcionales, como el confinamiento en diferentes grados, en el marco de estados de emergencia sanitaria; lo cual pone de manifiesto la tensión entre la declaratoria de un estado de excepción y los derechos humanos.

En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la Resolución 01 de 2020, denominada Pandemia y derechos humanos, resalta que esta pandemia puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos, ya que representa serios riesgos para la vida, salud e integridad personal. Por lo cual, la CIDH, en su resolución, pone de presente la importancia de que las medidas adoptadas por los Estados para atender y contener el virus tengan como centro el pleno respeto de los derechos humanos. Así mismo, la CIDH en esta resolución destaca que los sistemas de salud de los Estados de la región se han visto o pueden verse más desbordados, lo cual afecta principalmente a quienes viven en la pobreza o no tienen cobertura médica, pues se dificulta aún más la atención médica.

En Colombia, el sistema de salud es mixto, en grandes partes privatizado y en el que coexisten dos regímenes: el contributivo y el subsidiado. Así mismo, en el sistema de salud colombiano hay dificultades de acceso, calidad, continuidad y capacidad instalada. De acuerdo con Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica colombiana, “el sistema de salud colombiano está diseñado con una estructura de oferta y demanda, de venta de servicios para la facturación y el cobro por atención a enfermedades por medio de un mercado regulado”. Así mismo, no es un sistema de salud con un componente preventivo y de atención primaria.

Para Jonathan García, experto en salud pública, “otra área que está debilitada es el acceso a los servicios básicos, que si bien no hace parte de la rectoría del sistema de salud tiene que ver mucho con la salud pública en Colombia. En el país hay casi dos millones de personas que aún no tienen acueducto. El área del sistema de salud pública no ha sido muy apoyada y trabaja con las uñas. Entonces eso hace que cuando la necesitemos más, sea bastante difícil lograr que cumpla las expectativas que esperamos”. García resalta que se necesitan condiciones dignas de vivienda e ingresos mínimos aceptables para acatar las diferentes medidas de salud pública, como el confinamiento y aislamiento social y así prevenir el contagio.

Ante este panorama, en Colombia, la llegada de la Covid-19 ha hecho más notables las limitaciones y la brecha de acceso al servicio de salud, especialmente para las poblaciones más vulnerables. Esta inequidad y la imposibilidad de garantizar el acceso a los servicios básicos de salud a la población colombiana ponen de manifiesto la vulneración de sus derechos humanos a la vida, la salud e integridad personal, y así mismo, de derechos como el derecho al trabajo, seguridad social, educación, alimentación, agua y vivienda. En su resolución, la CIDH recuerda que la salud es un bien público y que es deber de los Estados su protección. Así mismo, resalta que el derecho humano a la salud se refiere al goce más alto de bienestar físico, mental y social; que incluye la atención de salud oportuna y apropiada y la disponibilidad, accesibilidad, la calidad en los servicios, bienes e instalaciones de salud.

Así las cosas, se quiere poner de presente que la lógica detrás del sistema de salud colombiano y la inequidad de este, afecta directamente el goce efectivo del derecho a la salud, puesto que no permite garantizar el acceso de su población, especialmente en circunstancias de crisis como la actual. En Colombia, la inequidad económica, social y de acceso al sistema de salud hacen más difícil enfrentar una emergencia sanitaria de esta magnitud, por lo cual hay un panorama que es proclive a la vulneración de los derechos humanos a la vida, a la salud, integridad personal, al medio ambiente sano, trabajo, vivienda, entre otros. Por lo tanto, en el contexto nacional se han retomado las discusiones acerca de la organización del sistema de salud y las condiciones laborales de los prestadores del servicio de salud, pues no garantizan su estabilidad laboral.

Por otro lado, brevemente se hará referencia al importante papel que juegan las empresas como actores económicos imprescindibles para la sociedad. Esto, en término de la responsabilidad social en la toma de decisiones por parte de los empleadores, puesto que las medidas tomadas para contrarrestar los efectos de la pandemia no afectan únicamente a sus trabajadores y familias, sino a la sociedad en general. Por experiencia personal se conoce que, en Bogotá, Colombia los empleadores no han tomado suficientes medidas responsables para contener la propagación del virus, puesto que aun cuando los empleados presentan síntomas de Covid-19 deben seguir atendiendo a sus puestos de trabajo hasta que no haya una prueba confirmatoria de la presencia del virus, tiempo en el cual varias personas pueden contagiarse. Así mismo, no se hacen pruebas confirmatorias una vez un empleado ha dado positivo, lo cual representa un riesgo para los demás trabajadores, puesto que aun pasado el tiempo de cuarentena podría contagiar a otros trabajadores o a las personas con las cuales interactúa en sus desplazamientos para atender al trabajo. Adicionalmente, se conoce de empleadores que aun cuando la labor del trabajador puede realizarse en casa ha obligado a sus trabajadores a asistir, a pesar de que el gobierno ha recomendado esta opción, pues disminuye el riesgo de contagio.

En este contexto, es importante por parte de las empresas implementar procesos internos de debida diligencia para la protección de los derechos humanos no solo de sus trabajadores, sino de la sociedad en general. En este sentido, en su resolución, la CIDH establece que el Estado debe exigir y vigilar que las empresas respeten los derechos humanos, así mismo, que rindan cuentas sobre los posibles abusos e impactos negativos, especialmente con respecto a los efectos que pueden generarse sobre los DESCA de poblaciones vulnerables, así como en  los trabajadores, las personas con condiciones médicas sensibles y comunidades locales. Además, de acuerdo al primer pilar de los principios rectores sobre empresas y los derechos humanos, los Estados tienen el deber de proteger, en este caso, a los empleados y a la sociedad en general, contra violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio por terceros, como las empresas. Por lo cual, el Estado tiene la obligación de asegurar que  las empresas garanticen a sus empleados un sistema de seguridad para el desempeño de su trabajo en medio de la pandemia, pues se conoce el riesgo de contagio que implica.

En conclusión, si bien el gobierno colombiano ha desplegado varios esfuerzos para hacerle frente a la pandemia de la Covid-19 y sus respectivos efectos colaterales, el panorama actual pone de presente la importancia de crear planes preventivos y de contingencia no solo para eventuales pandemias, sino para seguir conteniendo los efectos adversos de la actual. Así mismo, el panorama actual es óbice clave para reflexionar acerca de la organización y funcionamiento del sistema sanitario colombiano, pues es necesario garantizar la cobertura y acceso a un servicio de salud de calidad para toda la población colombiana, sin discriminación alguna. Los efectos de la actual pandemia y sus próximos rebrotes no serán solo de corto plazo, por lo cual es importante que el gobierno nacional en sincronía con los diferentes actores económicos y sociales, como las empresas, trabajen conjuntamente en materia de debida diligencia para proteger los derechos humanos a la vida, salud, integridad personal, trabajo, entre otros, de la población colombiana. Así mismo, se requiere un trabajo conjunto para mitigar los efectos adversos en el sistema social, económico y sanitario del país.