“Más transparencia, más información: mejor justicia”

Los altos índices de corrupción en nuestra región (Transparencia Internacional. Índice de percepción de la corrupción. 2020) repercuten ineludiblemente, en diversa medida, en los sistemas de justicia de los países.

Si se quiere cambiar tal realidad se requieren esfuerzos mancomunados que involucren no solo a los agentes públicos (Poder Judicial, Fiscalía, otros) sino también a la ciudadanía, a través del control ciudadano de los temas vinculados al interés social y al adecuado funcionamiento de las instituciones públicas.

Recordemos que la corrupción, en el ámbito judicial, reduce la confianza pública, debilita la capacidad de los sistemas judiciales de garantizar la protección de los derechos humanos y se entromete en las labores e independencia de los jueces, fiscales, abogados. (GARCÍA-SAYÁN, Diego. Corrupción, derechos humanos e independencia judicial.2017).

Normalmente, tiene un objetivo definido: la impunidad.

Es por tanto que la difusión de experiencias que ofrezcan algún grado de respuesta a dichos flagelos enriquece al debate y permite afrontarlos con mayor rigor. Veamos un ejemplo.

La Corte Suprema de Justicia del Paraguay, ha puesto a disposición de la ciudadanía el Observatorio de Causas Judiciales (OCJ) (2019): un portal web de acceso libre que permite visualizar todas las actuaciones, en tiempo real, de una causa judicial que, por sus rasgos, traiga consigo un interés público de relevancia, por ejemplo, casos de corrupción que envuelven a políticos o funcionarios públicos por desvíos de fondos, tráfico de influencias y otros.

Este tipo de iniciativas además de fomentar la participación ciudadana y el combate a la corrupción, tiene un rol preventivo, ya que con ella es posible visualizar con mayor amplitud los “vacíos” en los sistemas de gestión pública que den lugar a prácticas corruptas y, con ello, se avizora la chance de ajustarlos para limitarlos o eliminarlos.

Enfrentar eficientemente este problema es una de las claves para el fortalecimiento del Estado de Derecho y el ejercicio efectivo de los derechos humanos, fundamentalmente, porque la impunidad -como resultado de procesos judiciales viciados- altera uno de los principios rectores de la vida en sociedad: la igualdad de las personas.

Ya que si la actuación estatal se comporta consecuente con la impunidad, se está legitimando ciudadanos de diversas “categorías”: quienes sí responden por sus actos con sanciones económicas o de restricción de libertad y quienes no responden por ellos, generándose así una desigualdad capaz de impactar en cada estrato social y en cada aspecto de nuestras vidas.

Los Estados deben implementar acciones concretas, como la del OCJ, para elevar los niveles de transparencia y de accesibilidad, valiéndose de las TICS u otros recursos innovadores, y así generar una sinergia positiva de esfuerzos estatales y de control ciudadano que nos acerque a sociedades más igualitarias, justas y prósperas.